En esta última intervención sobre el PND presentamos el análisis del eje de Justicia y Estado de Derecho y de la alineación del Plan con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que, sumados a las reflexiones previas (Bienestar y Desarrollo Económico), ofrecen un panorama general de la agenda de planeación y una conclusión de la visión de la actual Administración para los próximos años.
El Ejecutivo federal define como objetivo en materia de seguridad, el de garantizar la paz y el pleno ejercicio de los derechos humanos mediante la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones. La estrategia se desagrega en nueve objetivos que pueden agruparse en: a) gobernabilidad y democracia, b) seguridad nacional y política exterior, y c) combate a la corrupción y a la impunidad, y país resiliente en materia de desastres naturales.
En gobernabilidad y democracia existen objetivos que persiguen la garantía de los derechos humanos y la participación de la población en donde, al menos en el plan, prevalece un acierto conceptual al referirse a los habitantes como ciudadanos en lugar de “pueblo”. Desde luego, se reconoce la valía de integrar la expresión ciudadana, toda vez que la democracia no se deforme en un gobierno oclocrático o de la muchedumbre.
En cuestión de seguridad nacional y de política exterior, se aborda el uso de las Fuerzas Armadas en su función de resguardar el territorio nacional y la estrategia para construir la paz y la seguridad que busca reducir el número de delitos por cada 100 mil habitantes pasando de 39 mil 369 en 2017 a 33 mil 219 en 2024.
Por otro lado, se aborda la alineación de la política exterior con la interior y la inclusión de una política migratoria integral; sin embargo, la reciente crisis migratoria de centroamericanos en el país que ha rebasado las capacidades de diversos municipios, entre ellos Tijuana, así como la insuficiente proyección internacional de México en el extranjero, son eventos que cuestionan la capacidad del gobierno para ejercer a plenitud los objetivos planteados por ellos mismos.
El ejercicio del Estado de Derecho, la seguridad, la corrupción y los niveles de violencia son un capítulo aún sin resolver, es imperante en el corto plazo evitar más casos de peculado, enriquecimiento ilícito y erradicar el crimen organizado. La corrupción es derivada de la impunidad, por ello la importancia de la ejecución real, transparente, sin tolerancia y expedita de las leyes.
Analizado desde otra óptica, el PND muestra cómo los tres ejes se alinean con la Agenda 2030 y los 17 ODS de Naciones Unidas. En los 204 objetivos del Plan, se advierte la mayor alienación con el ODS 10 Reducción de las desigualdades, el 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y el 17 Alianzas para lograr objetivos. Por otro lado, los ODS 4 Educación de calidad, 8 Trabajo decente y desarrollo económico y 9 Industria, innovación e infraestructura, se vinculan en menor medida. A tinta rápida, parece que el plan prioriza la reducción de la desigualdad respecto de la educación, el trabajo y el desarrollo económico; sin duda oportuno, pero el análisis amerita mayor profundidad.
A manera de conclusión, las reflexiones sobre el PND 2019–2024 nos muestran un ejercicio valioso y bienintencionado que acumula ideologías sociales sobre la conducción de la política pública; sin embargo existen áreas de oportunidad en la visión de educación, empleo, fomento a la innovación y a la industria, y en otros sectores estratégicos.
La presentación de un Plan estructurado por objetivos, acciones, tiempos y responsables debe marcar ruta para reducir la incertidumbre, pero este no fue el caso; por el contrario, se enfrenta a un panorama adverso en el que la reciente contracción de la economía ha derivado en una desaceleración en la creación de empleo.
El gobierno federal debe ejecutar una política pública integral en donde la educación de calidad y la profesionalización del trabajo sean la columna vertebral y promuevan el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la reducción de los niveles de inseguridad, violencia e impunidad.
Asimismo, el Plan y los programas sectoriales y especiales deberán mostrar congruencia con un presupuesto cuyo objetivo sea la generación de riqueza.
El reto es mayúsculo: proyectar la credibilidad y la viabilidad de un proyecto de país, de generaciones y no de administraciones, revirtiendo el deterioro de los principales indicadores en materia de economía y seguridad, poniendo como prioridad el fomento al desarrollo económico con base en una educación que construya capital humano, así como la garantía del empleo productivo y bien remunerado con bienestar social.