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La semana pasada advertíamos la imposibilidad de analizar el Plan Nacional de Desarrollo en un sólo artículo; en esta ocasión, dando seguimiento al tema, presentamos un breve análisis del eje general denominado “Bienestar”. El objetivo de este eje es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios”.
Como ha quedado claro en el discurso, la prioridad del gobierno mexicano es el combate a la pobreza. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que 53.4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 9.4 millones se encuentran en pobreza extrema.
En este sentido, se observa que el objetivo más ambicioso del PND es que durante la presente administración 20 millones de personas abandonen la pobreza y 5 millones la pobreza extrema.
Parece hoy una meta poco realista por los mismos recursos que demanda considerando que la incertidumbre económica no está posibilitando el cumplimento.
Hay en el documento un discurso persistente y que en principio es un concepto tan general que resulta innegable, y es que la pobreza en México se debe a la merma en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de gran parte de la población a favor de los intereses económicos de algunas minorías. El PND además abunda argumentando que “la política social no ha incorporado de manera integral los enfoques de género, de ciclo de vida e interculturalidad, ni ha reconocido acertadamente la diversidad de condiciones de rezago a la que se enfrentan las personas y los territorios.”
Reconocemos que el diagnóstico es acertado; las aproximaciones de administraciones anteriores no han sido suficientes para cambiar el curso de una tendencia histórica, que ha dañado significativamente a gran parte de la población nacional.
La estrategia propuesta en el PND es implementar políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a una educación de calidad, a la alimentación, a servicios de salud confiables, a un medio ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna, al fortalecimiento del ordenamiento territorial y ecológico, a la cultura y al arte, a la cultura física y la práctica del deporte, y a un trabajo socialmente útil, incorporado de manera integral los enfoques de género, de ciclo de vida e interculturalidad.
Además, se observa una marcada preocupación por evitar que la pobreza se transmita a las nuevas generaciones. Se trata de un proceso que requiere innovación en materia de atención al rezago y a las condiciones de vulnerabilidad.
Esto, sin duda requiere de los medios para lograrse, y las estructuras del país se aprecian complicadas para facilitar el cumplimiento. Por tanto, se requiere trabajar en elementos que corren en paralelo, como el empleo, la inversión y el desarrollo de proyectos productivos.
En este sentido, las reformas laboral y educativa podrían jugar un papel altamente relevante en el desarrollo social. Apreciamos en ellas puntos favorables para la competitividad y mejora de la productividad, siempre y cuando se apliquen e implementen de manera adecuada y orientada al empleo de calidad y bien remunerado; de otra manera, serán únicamente cartas de buenas intenciones.
Es necesario que las personas en situación vulnerable sean integradas a modelos de educación efectivos, enfocados en las vocaciones productivas de sus localidades; que las empresas sociales y los inversionistas privados tengan opciones de desarrollar proyectos productivos y empleos bien remunerados.
Una familia que tiene acceso a un ingreso asociado a un empleo tiene muchas más oportunidades de mejorar su situación, más aún cuando esto incluye un esquema de seguridad social y acceso a la salud pública.
No sólo la corrupción y esquemas clientelares con fines electorales han sido los elementos de un esquema de reproducción continua de la pobreza, también fue un olvido de siglos. Muchas comunidades fueron abandonadas por causas de la migración, a ellas jamás llegó el agua potable, pero sí la violencia y el crimen.
Por ello, observamos con beneplácito la intención de generar un cambio estructural en la situación de personas en situación vulnerable; no obstante, el reto es mayúsculo.
Es claro, no hay una única solución; es necesario que esta administración trabaje en construir las condiciones que generen certidumbre y desarrollo económico a través del fomento a la inversión productiva; la orientación del gasto público también a programas y proyectos productivos; el restablecimiento de cadenas de valor con contenido nacional, entre otros que deriven en la creación de empleo suficiente y bien remunerado, sin mayor deuda para cubrir los programas de asistencia social, para que el cumplimiento de estos objetivos sea posible.
Se debe buscar cómo cumplir lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo a fin de que esta meta de bienestar sea más que un objetivo, un compromiso.
Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C.
