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Ha pasado ya una década desde una de las más profundas crisis económicas de la historia reciente; en aquel tiempo, el entonces gobernador del Banco de México decía: “Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía”. Esta frase, que muchos calificaron como desafortunada, aludía a la profunda relación existente entre ambos países, a la dependencia comercial y a un tejido económico complejo y sólido. La realidad, pese a todo, sigue siendo la misma y quizás estos vínculos sean aún más fuertes.
Negar esto es tanto como querer tapar el sol con un dedo. Es innegable el beneficio económico que ha implicado para México tener como principal socio comercial a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, pero también es importante resaltar que hay un flujo económico importante que corre de sur a norte y no sólo son aguacates.
Según datos del U.S. Census Bureau, Estados Unidos importó el año pasado 80% del valor de sus autobuses y camiones de México, 50% del total de vegetales, 42% de autopartes, 41% de azúcar de caña y remolacha, 38% de frutas y jugos congelados, 36% de computadoras y equipo de video, 46% de motores y partes de motores, y la lista sigue.
Además, es importante mencionar, hay un proceso de decenas de años en el que se ajustaron cadenas productivas en ambos lados de la frontera, en sectores tan diversos como el automotriz, de autopartes, el de productos electrónicos y por supuesto la agroindustria.
Con todo y esta relación estrecha, la soberanía nacional nunca ha estado en discusión. El gobierno mexicano siempre había tenido la fuerza y solvencia para tomar las decisiones que mejor convengan a sus habitantes.
El reciente acuerdo pactado entre Estados Unidos y México implicó una serie de negociaciones que justo podrían implicar una afectación. La fuerza de la demanda estadounidense permitió negociar elementos de índole social, tales como los protocolos de atención a la migración ilegal de centroamericanos y convertir a México en la ventanilla de atención de solicitudes de asilo y en paralelo ofrecer asistencia mientras el proceso culmina. Además, en caso de que algún solicitante logre cruzar la frontera, será enviado a México para cumplir su proceso.
Por supuesto, es complicado hacer un análisis de los costos que esto implicará y deberemos estar pendientes sobre cómo afecta el presupuesto federal. Lo evidente es que resultará más sencillo evitar a toda costa el cruce de personas de manera ilegal en la frontera sur.
Todo esto obliga al gobierno mexicano a replantear su esquema de planeación de corto, mediano y largo plazos. Como país, no debimos esperar una presión externa para hacer modificaciones al Estado de derecho, bajo ningún escenario.
Es claro, estamos ligados estrechamente a la comunidad internacional y hay una obligación de ofrecer a los socios comerciales un ambiente de seguridad, de respeto por la ley y certeza económica, mas también son importantes las responsabilidades para con la población nacional.
Resulta importante que el gobierno mexicano enfrente esta situación con la mayor de las inteligencias, atendiendo responsabilidades de empleo, inversión y precios, entre otros. Es hora de actuar en beneficio de las mayorías. Como ciudadanos y actores económicos y sociales, debemos cerrar filas, así de sencillo. Todo está relacionado con todo, incluyendo la calificación internacional que recibe la deuda del país o la de Pemex.
Es momento de recapitalizar a Pemex y que vuelva a ser uno de los grandes detonadores de crecimiento del país. Para ello, el plan debe incluir al sector privado. Asimismo, hay que definir el impacto en el desarrollo económico nacional de los grandes proyectos, como el caso de la refinería Dos Bocas, donde no se ha mostrado su viabilidad; por el contrario, se observa poco rentable.
Así también el gran proyecto de infraestructura de esta administración, el Tren Maya. Su ejecución debe ser trasparente y establecer claramente qué tanto del presupuesto será erogado por el erario y qué tanto por el sector privado. Finalmente, ahora que tiene suspensión definitiva la construcción de Santa Lucía, es momento de analizar a fondo la confianza que generaría reactivar el NAIM, además de que ya tiene todos los estudios de rentabilidad y viabilidad.
Paralelamente se requiere un proyecto de vinculación y eslabonamiento de cadenas productivas, con enfoque en la competitividad y diversificación de mercados, además de invertir en el desarrollo de proveedores nacionales, financiamiento a mipymes y a empresas innovadoras. De esta manera, se daría certeza al sector privado y a los capitales internacionales, que son los grandes aliados del gobierno en su objetivo de combatir la pobreza, desigualdad y los nuevos compromisos adquiridos.
El sector privado no elude su responsabilidad en el desempeño económico del país, pero requiere certeza. Es importante que las empresas trabajen de manera cercana con sus proveedores y clientes, que afiancen su capital humano e inviertan en implementar mecanismos de anticipación y manejo de riesgos. En su caso, los servicios de empresas de consultoría serán fundamentales para garantizar el éxito de nuevos proyectos e inversiones.
Vicepresidente de Consultores Internacionales SC
