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Han transcurrido 100 días de aprendizaje para la presente APF. En este periodo, se han presentado claro oscuros que debemos considerar para fortalecer aciertos y ajustar acciones frente al camino que todos hemos de recorrer. Hemos presenciado un gobierno muy activo y con decisiones de impacto en diferentes sectores.
En el ámbito logístico, la primera lección es la cancelación del NAIM y la posible construcción de Santa Lucía, por su alto impacto económico; esta decisión aún se puede estudiar a raíz de los hechos que ya se conocen, considerando el costo-beneficio a futuro de contar con un aeropuerto acorde a las necesidades del País.
Otras lecciones están en el Presupuesto de Egresos para el año 2019, que si bien es frágil ante el entorno internacional, mantiene los principios de responsabilidad fiscal y un ejercicio del gasto que no incurre en una ampliación de la deuda. Como oportunidad, se encuentra la necesidad de una reforma hacendaria integral que busque ampliar la base de contribuyentes y la formalización de la economía, así como detonar las compras de gobierno para que se traduzcan en un efecto multiplicador para la economía.
En el mismo tema, un acierto destacado es la línea de gasto que pretende ejercer mediante la continuidad del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la evaluación de los programas presupuestarios con la finalidad de que todo peso ejercido contribuya al objetivo al que fue planteado.
Si bien la orientación del gasto tiene un importante componente de transferencias monetarias directas a sectores de la población menos favorecidos, el gasto programado en infraestructura puede ser factor que revierta la caída de la inversión pública y el fortalecimiento del sector industrial. Aquí, sobresalen la construcción del Tren Maya y el proyecto del Corredor Transístmico como programas ambiciosos con vocación regional para detonar el desarrollo del sursureste del país; contribuir a reducir las brechas de crecimiento con la región centro norte; y, fortalecer, en específico el Corredor, nuestra condición de ser un hub logístico continental.
Por otro lado, el cambio de Administración ha propiciado un reto operativo: la salida de talentos, el reacomodo de funciones operativas y el desmantelamiento de órganos estratégicos, como ProMéxico, el CPTM y el INEE.
Asimismo, existen acciones que deben revisarse en conjunto con representantes del Congreso, en temas como el energético (plan de política energética, la cancelación de subastas del mercado eléctrico, entre otros); el bancario (motivado por la revisión de comisiones); el minero (derivado de la propuesta de reforma a la ley minera); y, el financiero (posición frente a las calificadoras debido a la observación negativa de S&P).
En el sector logístico, se han suscitado otras situaciones con importantes impactos económicos como el bloqueo por 28 días a ferrocarriles en Michoacán.
Como parte del plan de política energética, sin duda un punto de cirugía con bisturí es el plan de ayuda al problema de solvencia y de liquidez que enfrenta Pemex. Es crucial que los responsables de la paraestatal y de la SHCP generen certidumbre entre los inversionistas y el mercado.
Por otro lado, enfrentamos el pesimismo que se advierte, a nivel nacional e internacional, en el ambiente de negocios debido a la incertidumbre económica. A nivel local, la mayoría de especialistas consultados por el Banco de México señalamos que los principales obstáculos para frenar el crecimiento económico están asociados con la gobernanza (45%), las condiciones económicas internas (23%) y las condiciones externas (13%).
En suma, los primeros 100 días del presente gobierno nos ofrecen retos y aprendizajes que van desde brindar certidumbre a los empresarios e inversionistas y fortalecer el Estado de Derecho, hasta impulsar las actividades de inteligencia y operación en la planeación estratégica de cara al Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales estratégicos.
Hay que vigilar que se amparen los fundamentales económicos, que se fortalezcan las cadenas productivas y que se construya y ejecute un plan con visión de largo plazo para el País. Gobierno, empresarios y ciudadanos tenemos una corresponsabilidad con el bienestar de México. Nuestras decisiones repercuten en su desarrollo, por lo que como actores económicos debemos buscar el equilibrio en la repartición de la riqueza, procurando se mantengan las políticas públicas que fomentan la generación de la misma. La armonización de agendas económicas y el consenso de puntos de acuerdo son la clave para impulsar la económica nacional en nuestro beneficio.