Primera lección: Para combatir la corrupción hay que ir a las causas y no sólo castigar los efectos. Por difícil que sea, es preciso erradicar las fuentes de los negocios que se hacen con los recursos de la nación. De nada sirve pescar “peces gordos” mientras las aguas en las que nadan permanecen intactas. En este sentido, las decisiones tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del robo de combustibles merecen todo nuestro respaldo.
Segunda lección: La corrupción se origina en la captura de los espacios, los puestos, las decisiones y los recursos públicos. Quienes insisten en que la corrupción es sinónimo de la impunidad confunden la entrada con la salida: por supuesto que debe castigarse a quienes cometen delitos, pero lo fundamental es evitar que los corruptos se adueñen de los dineros y los medios de la nación. En dos palabras: la corrupción es captura y es imperativo diseñar una política de Estado para liberar a México de sus secuestradores. Esto es, de quienes ocupan los cargos públicos para hacer negocios. La batalla que ha emprendido el presidente de la República apunta en esa dirección y es digna de aplauso, pero debe ahondarse y sostenerse a lo largo del tiempo. Que nadie, nadie —ni tirios ni troyanos— vuelva a apropiarse de lo que es de todos.
Tercera lección: La corrupción sucede casi siempre en redes. En ellas hay servidores públicos que promueven, ceden o se someten a los negocios compartidos con quienes operan desde fuera de las instituciones. Esto ha sido cierto para la indignante captura de la distribución de los combustibles y sigue siéndolo para la asignación de contratos de obras públicas, la compra de medicamentos y consumibles de las administraciones públicas, el otorgamiento de licencias, la aprobación de proyectos, etcétera. Erradicar la corrupción no equivale solamente a castigar a quienes encabezan o participan en esas redes, sino a desmontarlas desde el origen. Romper los eslabones de esas cadenas reclama inteligencia institucional: saber dónde nacen, por dónde pasan y dónde terminan, para cortarlas de tajo. Tras las decisiones tomadas en estos días, el gobierno de México debe seguir adelante para conjurar el riesgo de que esas redes vuelvan a cometer el mismo delito y avanzar en la cancelación paulatina de todas las demás.
Cuarta lección: Combatir la corrupción reclama la mayor transparencia, para que todo el mundo comprenda cuál es la causa y cuál es la consecuencia. No hay batalla que no tenga costos y por eso es necesario contar con solidaridad y el respaldo de la mayoría. Si el presidente López Obrador no estuviera informando de cada paso en esta batalla en contra de los depredadores de Pemex, habría menos posibilidades de éxito. Los rumores y las trampas articuladas por los corruptos suelen ser muy eficaces para someter al Estado, pero no son el Estado. Resulta fundamental entender que la transparencia no equivale al combate a la corrupción, pero es una de sus armas más poderosas.
Quinta lección: El combate a la corrupción, bien entendido, reclama mucha eficacia administrativa para disminuir los costos políticos y sociales de cada una de las decisiones tomadas. Una vez puesta en marcha la estrategia de recuperación de los espacios capturados por las redes de corrupción, es preciso que el gobierno ofrezca garantías de continuidad y mejora en la operación cotidiana de los bienes y los servicios que ofrece. En este caso, la batalla emprendida contra el robo de combustibles ha tenido el evidente e indiscutible defecto de la ineficacia en el abasto de gasolinas. Pero nadie debe confundir la gimnasia con la magnesia.
Sexta lección: Cancelada la fuente de los negocios, hay que castigar a quienes forman parte de las redes de corrupción. Nunca al revés. Pero esa tarea todavía está por venir. Que así sea.
Investigador del CIDE