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Pasaron de un extremo a otro: de los más de 13 mil millones de pesos que recibirían el próximo año, a la propuesta de cancelar todo el financiamiento público. Y ahora se han metido en una competencia de declaraciones para arrogarse la paternidad de una idea que, en realidad, emergió desde la indignación. A todas luces, es urgente llamar a los dirigentes de los partidos a la serenidad.
Desde luego debe tomarse la oferta que hacen para destinar recursos a la tarea de la reconstrucción. De eso no hay duda. El caudal que iban a recibir el próximo año era un exceso ofensivo, aun sin la tragedia que vivimos. De modo que destinarlo a la creación de un fondo especial para atender la emergencia, en vez de gastarlo en espectaculares, propaganda ridícula y reparto de cosas para hacer clientelas políticas, es a todas luces plausible.
Pero una cosa es reaccionar a las circunstancias y otra distinta es cancelar el financiamiento público para siempre. Más allá de los tecnicismos legales que complicarían esa decisión, lo cierto es que se trata de un error garrafal. Lo que debe modificarse es el abuso y la opacidad de ese dinero. La clase política mexicana está errando el camino: lo que ha ofendido a la sociedad no es el hecho mismo de que los partidos obtengan recursos públicos para diseñar y proponer las ofertas que se ponen en lisa en las elecciones, sino el monto excesivo y la forma en que lo han empleado. Están confundiendo la gimnasia con la magnesia.
Si prosperara la idea de cancelar ese financiamiento, en lugar de reducirlo significativamente y abrir toda la información sobre ingresos y egresos de los partidos, no pasaría mucho tiempo antes de que la democracia mexicana quedara capturada por el modelo Trump. Si hoy nos dolemos de cleptocracia, la solución ofrecida nos llevaría en vía directa a la plutocracia: no sólo se abriría la puerta a la participación ilícita sino al control financiero de los más ricos.
Es urgente que los partidos políticos renuncien a la abundancia y se ciñan a la austeridad. La sociedad les pide moderación y transparencia. Este es el mensaje que deben comprender. En cambio, es inaceptable que quieran suplir el pago de sus campañas con el dinero privado que, eventualmente, podría empoderar más a la oligarquía y a los poderes fácticos. No es cierto que sus recursos saldrían por completo de las aportaciones masivas de sus militantes. ¿No han caído en cuenta de que la gran mayoría de los mexicanos son pobres y de que un número aún mayor no confía en ellos?
Por otra parte, no está claro en absoluto a dónde iría el financiamiento que están ofreciendo para la reconstrucción, qué uso tendría, quién lo administraría, ni cómo se controlaría. Sería mucho más útil diseñar cuanto antes un fondo especial, que se ponga a salvo de la rapiña de la corrupción y sea un ejemplo de eficacia.
Un fondo con verdadera vocación de política pública y vigilancia social para evitar, además, que esos recursos queden capturados por la incansable contienda partidaria. Condicionar su entrega a la hechura de fideicomisos privados, dirigidos por personas leales a los dirigentes políticos –como propone Morena--, no haría más que pasar esos billetes de una bolsa a otra, para seguir atrapando clientelas electorales. Esta vez el país necesita generosidad auténtica, no una nueva versión de las estrategias repetidas para hacerse del poder político.
Hay que rogar a los dirigentes de los partidos —a todos— que se serenen. Que no hagan astillas del árbol caído. Bienvenido el dinero que ofrecen, siempre que se ponga en un fondo común, manejado con la más absoluta transparencia y sin ninguna intención partidaria. Y a la vez, hay que pedirles que no enreden la madeja: salir de la emergencia no equivale a entregarle el país a quienes pueden comprarlo.
Investigador del CIDE