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Habrá que estudiarlo con detalle pero, a primera vista, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) confirma la orientación política que ya se había venido anunciando: i) austeridad franciscana para la mayor parte de las oficinas públicas; ii) más gasto dedicado a las transferencias directas en programas sociales y laborales; iii) obras públicas prioritarias con uso intensivo de mano de obra; iv) recortes estratégicos a los poderes y los órganos autónomos del Estado; y v) aumentos estratégicos a los sectores de energía y de seguridad (con las Fuerzas Armadas a la cabeza).
El PPEF 2019 arrastra todavía buena parte de las inercias del pasado, especialmente en materia de deuda y pensiones, y es un proyecto conservador en cuanto a los criterios de política económica y disciplina financiera —excepto por el tipo de cambio estimado para el año fiscal: 20.50—. No obstante, el conjunto es muy diferente al pasado, pues marca con nitidez la impronta de las primeras decisiones fundamentales del presidente de la República quien, por esta razón, seguramente será el primero en la línea para defenderlo con uñas y dientes.
Me atrevo a interpretar las tres piezas centrales de este proyecto: en primer lugar, más dinero a los más pobres, en programas que no sólo serán vigilados directamente por la Presidencia de la República, sino que le servirán al titular del Ejecutivo para mantener el contacto personal con los beneficiarios de esos recursos en todo el país. He aquí la primera sacudida política inevitable: los dineros del ramo 23, que habían servido para distribuir obras a discreción entre gobiernos locales —además de repartir moches—, disminuirán 69.4% y solo se quedarán los fondos controlados por el gobierno central; por otra parte, de 156 programas sociales evaluados, solo sobrevivirá el 7% que se consideró imprescindible; en cambio, los recursos que manejará la Secretaría del Trabajo aumentarán 932% respecto el 2018, por el sistema de becas y apoyos que manejará esa dependencia. Al comenzar el 2019, los intermediarios políticos que habían venido manejando todos esos dineros se habrán quedado sin fondos y serán los programas imaginados por el presidente de la República los que concentrarán las transferencias directas a las personas más pobres, de conformidad con los padrones elaborados por el nuevo gobierno.
La segunda pieza ha sido anunciada cien veces: recursos suficientes para emprender las grandes obras que marcarán, al menos, la primera parte de este sexenio. Se han previsto más de 646 mil millones de pesos para inversión física y el propio gobierno destaca la construcción del Tren Maya, la infraestructura carretera del Sureste y el Programa Nacional de Reconstrucción, entre otros proyectos con uso intensivo de mano de obra para generar más empleos, así como incrementos notables para el sector de Energía (dedicados, entre otras cosas, a la llamada refinería del Ganso).
Y la tercera, la austeridad como hilo conductor de todo el PPEF que, de no manejarse con tino, habrá de convertirse en la manzana de la discordia para los próximos meses, no solo por los recortes que implica a casi toda la administración pública sino por la eliminación indiscriminada de plazas y sueldos, sin ton ni son, que está amenazando a los burócratas de menores ingresos y la operación cotidiana.
En suma: nada que no se haya anticipado desde hace mucho. Como se veía venir, habrá menos dinero, más controles centrales y mucha política. Solo espero que a la hora de implementar esas decisiones, no se olvide que no hay gobierno perfecto y que proponer el gasto no es igual que ejercerlo. Para esto último se necesita una administración pública muy eficiente y no sólo súper politizada. Espero que los operadores del nuevo gobierno lo tengan presente para evitar que del plato a la boca, se les caiga la sopa.
Investigador del CIDE
