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Quiero un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz; uno que habrá alcanzado una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento y en el que la economía esté creciendo al doble que la población. Uno que será capaz de crear empleos suficientes para absorber la demanda total de los jóvenes que se estén incorporando al mercado laboral y en el que los programas de creación de empleos y de becas habrán surtido su efecto y donde el desempleo será mínimo.
Un país en el que ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en las universidades. En el que se habrá recuperado el poder adquisitivo del salario en 20 por ciento y en el que nadie padecerá hambre, donde la pobreza extrema habrá sido erradicada y donde no habrá un solo individuo sin servicios médicos o falta de medicinas.
Un país que en el año 2021 ya habrá logrado la autosuficiencia en maíz y frijol y tres años más tarde, en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevos; en el que las importaciones de leche se habrán disminuido considerablemente y la producción agropecuaria, en general, habrá alcanzado niveles históricos y la balanza comercial del sector será superavitaria. En el que estará garantizada la preservación integral de la flora y de la fauna, en el que se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, arroyos y lagunas habrán sido recuperados y saneados; donde el tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas. Un país en el que nadie quiera emigrar al exterior por causas de necesidad laboral, inseguridad y falta de perspectivas y donde la gente encuentre bienestar, trabajo y horizontes de realización personal en sus sitios de origen.
Un país donde la delincuencia organizada estará reducida y en retirada y donde los índices delictivos —de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en calles y transporte público y otros—se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los del 2018. Uno en el que la delincuencia de cuello blanco habrá desaparecido y la corrupción política y la impunidad serán casos excepcionales, individuales e inmediatamente investigados y sancionados.
Un México en el que las instituciones estarán al servicio de las necesidades del pueblo y de los intereses nacionales, en el que el principio de la separación de poderes y el respeto al pacto federal serán la norma y no la excepción, donde el acatamiento de las leyes regirá el comportamiento de los servidores públicos y el fraude electoral, la compra de votos y todas las formas de adulteración de la voluntad popular serán solo un recuerdo.
Lo anterior no es una fantasía sin sustento, sino el compromiso asumido por el presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Un texto con fuerza de ley, que asegura que en el último año de este sexenio, el país habrá llevado a cabo lo sustancial de su cuarta transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político, como en el de la ética para la convivencia; en el que se habrá consumado la revolución de las conciencias y la aplicación de sus principios —honradez, respeto a la legalidad y a la veracidad, solidaridad con los semejantes, preservación de la paz— serán la principal garantía para impedir un retorno de la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predominio del lucro sobre la dignidad.
Si alguien lo duda, revise el “Epílogo: Visión de 2024”, en el documento presentado a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril —Día del Niño— y verá que he reproducido citas textuales. Que así sea.
Investigador del CIDE
