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Las recomendaciones de la CNDH han irritado mucho al gobierno federal. No acepta que ninguna de las decisiones que ha tomado amerite las observaciones de ese organismo, cuyo propósito es garantizar la vigencia de los derechos ya ganados. Esa reacción no es cosa nueva: a ningún gobierno le gusta que el ombusdman se meta en sus terrenos. Lo nuevo es el tono virulento y retador de los alegatos esgrimidos para desconocer las recomendaciones emitidas, que confirman que el Ejecutivo está dispuesto a desconocer y, si es preciso, a devastar cualquier obstáculo que se le oponga. No van contra el mensaje sino contra el mensajero.
Están cometiendo un grave error. Por buenas que sean las intenciones de quienes hoy dirigen al Ejecutivo, ningún gobierno es infalible y ninguno está salvo de cometer excesos. Tampoco es infalible la CNDH, pero lo cierto es que sus atribuciones son muy limitadas. De modo que acusarla de haberse convertido en “un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios” durante todo el periodo previo, es simplemente inaceptable. Es mentira que Luis Raúl González Pérez no haya exigido justicia frente a las infamias cometidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y más falso aún, es acusarlo de haber emitido una recomendación sobre las estancias infantiles “por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados”. Es potestad del Poder Ejecutivo aceptar o rechazar las recomendaciones de la CNDH, ofreciéndoles respuesta. Pero descalificar a la institución con insultos y acusaciones falsas para ignorar su intervención, es una prueba inequívoca de intolerancia.
A estas alturas, ya empieza a ser evidente que al nuevo gobierno mexicano no le gusta que lo contradigan ni con el pétalo de una palabra. Eso tampoco es novedad. Lo que preocupa es que el argumento principal que le ha dado consistencia al discurso político del presidente, se convierta en una consigna de uso común para justificar y exacerbar la violencia política y verbal en contra de cualquier cosa que le resulte incómoda. La idea según la cual todo lo que haya ocurrido antes de la rebelión electoral de julio del 2018 ha de ser destruido sin moderación, para hacer renacer a México desde la raíz, podrá movilizar a una mayoría agraviada, pero también volverse una coartada para que los nuevos servidores públicos hagan literalmente lo que les venga en gana.
La CNDH nació en ese pasado que los nuevos gobernantes consideran ominoso. Y dado que el discurso del poder repite una y otra vez que nada que venga de ese periodo debe mantenerse en pie, no se necesita mucha perspicacia para ver que ya está siendo sometida a la mayor presión posible para someterla o capturarla. Por lo demás, dado que fue creada para arrancarle al Poder Ejecutivo un trozo de la autoridad que concentraba en la ejecución de sus atribuciones, es obvio que en la nueva etapa que está viviendo México, resulta estorbosa. Preocupa mucho, en particular, que la ofensiva se haya enderezado contra un funcionario que no ha dudado de alzar la voz con valentía para advertir de los riesgos de las decisiones tomadas por el gobierno del presidente López Obrador, en contra de los derechos de los mexicanos. Y preocupa más que la animadversión directa del Ejecutivo respaldada por su mayoría legislativa, amenace la vigencia de la institución.
Con todo, tengo para mí que la oferta de la 4T no es la revancha sino la regeneración. Y de ser así, quizás ha llegado el momento de revisar la operación de ese órgano, pero no para borrarlo sino para consolidarlo. No debe ser el patrimonio ni el refugio de ningún grupo político, pero tampoco formar parte de la escenografía diseñada para aplaudir, amordazada, las decisiones del Ejecutivo. Que cada quien haga su tarea y cumpla su deber.
Investigador del CIDE
