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Me gustaría que, ante los hechos ominosos de impunidad que estamos viviendo nuevamente, el futuro presidente del país se pronunciara ya a favor de la puesta en marcha del sistema nacional anticorrupción, que ha sido boicoteado por el gobierno actual. Que se entendiera, de una vez por todas, que los hechos de corrupción se seguirán multiplicando por todo el territorio mientras no se pongan en funcionamiento las instituciones creadas para evitarlo. Me gustaría que dejáramos atrás la mecánica de la simulación y la venganza, para ponernos a la tarea de reconstruir en serio la administración pública de México.
El sistema no está funcionando todavía porque los gobernantes actuales no han querido que funcione; así de simple. Lo asumieron a regañadientes para salir del paso en uno de los peores momentos del sexenio, tras el episodio trágico de Ayotzinapa y la revelación de la existencia de la llamada Casa Blanca. Pero luego, tras la promulgación de las reformas y las leyes que le dieron vida a ese entramado diseñado para modificar las causas de la corrupción, hicieron pies de plomo y han demorado y entorpecido hasta el cinismo su funcionamiento.
Quisieron capturar las designaciones del nuevo fiscal anticorrupción y de los magistrados que habrían de sancionar la corrupción administrativa y que estarían llamados a modificar sus causas a golpe de sentencias vinculantes. Como no pudieron, prefirieron dejar vacantes esos puestos. Demoraron los trabajos del comité coordinador porque lo dejaron incompleto. No impulsaron ni conectaron las plataformas digitales, donde habría de estar toda la información indispensable para detectar anomalías e inyectar inteligencia institucional para atajarlas. No crearon las oficinas dedicadas a la investigación de los hechos que generan corrupción y entorpecieron las reformas que necesitaba la Secretaría de la Función Pública. No buscaron que los estados completaran sus sistemas propios ni les han brindado apoyo alguno para conseguirlo. No se dieron a la tarea de intercambiar información y hacerla pública para involucrar a la sociedad en la batalla. Han dejado morir de inanición y desdén al comité de participación ciudadana y éste, a cambio, ha buscado apoyo y dinero fuera del país, cosa que es de suyo inaceptable. El boicot ha tenido éxito, porque los únicos aliados del sistema están fuera de los espacios de poder que podrían hacerlo funcionar.
Hoy estamos viviendo otro capítulo de impunidad, ante el fracaso rotundo de la pesca de los peces gordos. Todos fueron juzgados por hechos anteriores a la entrada en vigor del sistema anticorrupción y como las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva, ahí están ya los resultados. Pero si esos personajes fueran detenidos nuevamente, ante la huelga de brazos caídos a la que se han sometido las instituciones nuevas, las causas volverían a estar intactas.
¿De veras es tan difícil entender cómo ha de funcionar ese sistema? ¿De veras es tan complicado comprender que está basado en el intercambio de información entre los ciudadanos que denuncian y las instituciones que realizan el control interno, la auditoría externa y quienes juzgan hechos de corrupción? ¿De veras nadie sabe cómo y dónde operan las redes de la corrupción? ¿Nadie aprende nada del trabajo que realiza diariamente?
La ley ordena que haya una política nacional anticorrupción y hoy está en curso una consulta nacional entre académicos y activistas de todo el país, convocados por la comunidad universitaria que estudia estas materias en 72 centros de investigación, para recuperar propuestas y afinar la puntería. Pero nada pasará mientras el sistema nacional anticorrupción siga sometido al boicot del gobierno que está punto de salir y a la indiferencia del que está a punto de entrar. Que nos escuchen: nadie tiene el monopolio del amor a México.
Investigador del CIDE
