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Aunque suene a lugar común, sigue siendo cierto que el antídoto más eficaz contra cualquier intento de fraude, pasado o futuro, es la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Salir a votar libre y masivamente, sin miedo y sin someterse a ninguna presión, es el contrapeso más contundente a quienes hayan intentado o quieran torcer los resultados electorales. Contra la participación ciudadana consciente y pacífica no hay nada que pueda oponerse.
Los tramposos profesionales saldrán a hacer su trabajo. De hecho lo están haciendo desde hace meses. Cuentan con medios tecnológicamente sofisticados para anticipar escenarios en todos los distritos electorales y con recursos sobrados para comprometer votos a cambio de favores o de amenazas. Tienen mapas más o menos precisos sobre el comportamiento posible de los ciudadanos en cada sección y pueden otear, con el respaldo de sus expertos en informática y de sus empleados de campo, los riesgos que eventualmente podrían enfrentar, las secciones que reclaman más atención y los liderazgos de los que pueden echar mano o echar abajo. Si de algo saben las estructuras profesionales de los partidos políticos y si en algo han acumulado experiencia, es sobre ese conjunto de técnicas para medir resultados y tratar de modificarlos.
Con frecuencia, sin embargo, se neutralizan entre ellos. Uno de los efectos de las coaliciones es que potencian la capacidad de las estructuras profesionales de los partidos para llegar prácticamente a todo el país. Las tres coaliciones que compiten por la presidencia de la República tendrán representantes en casi todas las casillas electorales: verdaderos ejércitos de militantes y mercenarios que vigilarán más de 156 mil sitios donde se depositarán los votos el domingo siguiente, además de quienes ya están recorriendo los barrios, los pueblos y las comunidades para afirmar simpatías o desalentarlas, de conformidad con los datos que van recogiendo sus aparatos profesionales.
Es imposible saber cuántas personas estarán involucradas en esa movilización que se multiplicará durante esta semana, pero podría especularse que la cifra rondaría los dos millones de seres humanos, pagados o convencidos, que desde hoy se lanzarán a las calles para defender los intereses de sus partidos. Sin embargo, que lo hagan no significa que también votarán por ellos: cobrar por hacer un trabajo no equivale a estar persuadidos de sus bondades. Y, de hecho, no es raro que los operadores electorales prefieran votar en contra de sus banderías.
Con todo, será una semana difícil, pues a la movilización de los aparatos profesionales habrá que sumar la presión de los grupos que, al margen de los partidos, quieren hacer propios o quieren seguir dominando puestos y/o territorios. Y como ya es evidente, no todos lo hacen por vías lícitas ni pacíficas. Entre los más violentos, quienes vean amenazado el control de los espacios que ostentan como patrimonio privado, probablemente buscarán tirar la elección. Y quienes están habituados a contar con la obediencia de los electores en secciones ya controladas por medios públicos seguramente querrán cobrar los favores. A todos ellos los veremos actuar a diestra y siniestra en los próximos días y, en particular, entre el 27 de junio y el 1 de julio.
Pero ninguno puede controlar todo. Ninguno tiene medios para frenar la respuesta masiva de la gran mayoría de los mexicanos. Ninguno es tan poderoso como para inhibir el paso de la conciencia a la acción. Precisamente porque será la elección más grande que se haya registrado en toda la historia es que debemos prepararnos para imponerles a los violentos y a los tramposos el antídoto de la votación libre y masiva. Llueve, truene o relampaguee, hay que salir a votar el domingo siguiente y hay que votar como se nos pegue la gana. Que nadie se quede en casa.
Investigador del CIDE
