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La corrupción sistémica es la nueva amenaza a la gobernabilidad democrática de la región. La VIII Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Lima, es una respuesta continental ante esa lacra.
Perú propuso en junio de 2017, a partir de las revelaciones de las extensas ramificaciones internacionales de las investigaciones judiciales del caso Lava Jato, que el tema central del encuentro de mandatarios americanos en Lima sea defender la gobernabilidad democrática del flagelo de la corrupción. Apenas aprobada esta iniciativa, los grupos de trabajo se abocaron a colaborar con instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil para diseñar propuestas específicas que permitan fortalecer la lucha contra la corrupción y su hermana gemela, la impunidad.
El 23 de marzo pasado, cuando asumí la presidencia de Perú, reafirmé que dedicaré mis mayores esfuerzos a la lucha contra la corrupción, pues considero que la condición necesaria para consolidar la democracia y sostener el crecimiento económico inclusivo es erradicar ese mal endémico. Vencerlo nos traerá estabilidad y nuevas oportunidades. Lograr este objetivo no será fácil, pues el sistema de corrupción que enfrentamos es transnacional. No reconoce fronteras y se ha extendido a gobiernos nacionales y subnacionales, y demanda una respuesta regional clara y firme.
Requerimos concertar acciones y medidas concretas para cooperar con mayor eficacia entre nuestros países. La efectividad que nos proporciona la cooperación es la ruta más directa para recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades que los representan. Para ello debemos lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción sistematizada.
La legitimidad social de las instituciones públicas depende, en gran medida, de la visibilidad de los resultados de una lucha que no debe permitir la impunidad que campea y erosiona la confianza ciudadana y carcome los valores democráticos.
Corrupción e impunidad son dos caras de una misma moneda, la una no existe sin la otra. Esta combinación es nefasta y amenaza la gobernabilidad de nuestras naciones. Uno de los antídotos más poderosos y eficaces contra la expansión del sistema de corrupción es la transparencia, que será un pilar fundamental de mi gestión presidencial para desmontar toda práctica corrupta que se detecte en cualquier área de la administración pública.
La transparencia implica necesariamente contar con el concurso de todos los poderes del Estado, además de la prensa, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en su conjunto. Entre todos tenemos que identificar y denunciar las diversas modalidades en las que se manifiesta la corrupción, incluyendo sus formas más sutiles, como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la financiación de campañas electorales.
Ciertamente, es una tarea ardua y compleja de encarar. La red de corrupción transnacional ha extendido sus tentáculos sobre toda la región. En vista de la dimensión del reto, he propuesto a los mandatarios invitados a la VIII Cumbre de las Américas que asumamos un compromiso similar al que le he planteado al pueblo peruano de acordar un pacto social, sin hacer distinciones de colores políticos, para enfrentar con convicción y perseverancia la corrupción sistémica. Es una necesidad impostergable actuar juntos ante un desafío común y responder a las expectativas de nuestros pueblos.
Presidente constitucional de Perú
