Como ha difundido el Gobierno Federal, en el primer semestre de 2017 se logró por primera vez en nueve años un superávit en las finanzas del sector público. Sin embargo, siendo esto un resultado positivo, la prudencia aconseja no echar las campanas al vuelo, ya que tal superávit, de fondo, no está sustentado en la base correcta, que debería de ser el crecimiento social y económico de los mexicanos.
Efraín González Luna
El superávit -por cerca de 142 mil millones de pesos-, según los registros de Secretaría de Hacienda (SHCP), reviste una gran importancia para el país. Después de cuatro años de un manejo altamente irresponsable de las finanzas gubernamentales que condujo a la deuda pública a rebasar el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), el equipo de Peña Nieto ha dado un aparente golpe de timón, pero hay que tener cuidado con las apariencias y nuestro análisis debe ir a fondo, no quedarse en la superficie.
Con este resultado, además de detenerse el deterioro de las finanzas públicas y el crecimiento de la deuda, se ha mejorado la calificación soberana del país por parte de las principales calificadoras, consolidando la posición crediticia del país, así como el aumento en la confianza de los inversionistas.
Según datos de Hacienda, el superávit público consta de los superávits del gobierno federal (104.97 miles de millones de pesos), IMSS e ISSSTE (81.21 miles de millones de pesos) y las entidades bajo control presupuestario indirecto por (17.42 miles millones de pesos), en tanto que se registraron déficits en Pemex y CFE por 61.8 miles de millones.
Tanto la seguridad social como el sector energético, han mostrado mejoras en sus condiciones financieras, lo que refleja en cierta medida el impacto de las reformas estructurales.
No obstante, sin restar importancia al superávit, al analizar la forma en que éste se obtuvo, resulta que las cosas no son tan halagüeñas como a primera vista el gobierno federal nos quiere hacer creer.
En primer lugar, una parte fundamental del superávit fue gracias al remanente de operación por 321 mil 653 millones de pesos, que el Banco de México entregó al gobierno. Sin dicho remanente extraordinario -que difícilmente se repetirá-, producto de las operaciones cambiarias, el balance del sector público en la primera mitad de este año registra un déficit de 179.8 miles millones de pesos.
Por otra parte, los ingresos tributarios, que deben ser el verdadero sustento presupuestal, ascendieron a un billón 472 mil millones de pesos, con un incremento de apenas 0.1 por ciento anual en términos reales y esto quiere decir que se mantuvieron estancados.
Es evidente que la tóxica reforma fiscal ha sido inútil para consolidar una verdadera capacidad recaudatoria que le proporcione a las finanzas públicas la solidez necesaria, para impulsar con mayor eficacia el desarrollo económico y social de los mexicanos.
En lo que toca al gasto público, las cosas tampoco han resultado muy positivas. La contención en los egresos se logró principalmente por la contracción del gasto programable en un 6.7 por ciento real, en el primer semestre de 2017, castigando especialmente renglones como subsidios, inversión física y desarrollo económico.
Es preocupante el desplome en la inversión pública, la cual en el primer semestre de 2017 llegó a su nivel más bajo en nueve años, sumando apenas 284 mil 869 millones de pesos, el menor monto para un periodo similar, desde 2008. Parece que le sigue resultando más fácil a esta administración castigar el gasto de la inversión, dada su incapacidad de ajustar con mayor severidad su gasto corriente.
El que de manera sistemática se castigue la inversión pública como estrategia para alcanzar un equilibrio presupuestal, entraña riesgos muy graves para la economía mexicana. La inversión pública es la principal fuente de desarrollo de la infraestructura productiva. Detener o cancelar la construcción de carreteras, puertos, líneas eléctricas, escuelas u hospitales, implica reducir la capacidad de crecimiento y generación de empleo del país, condenándonos a mantener una dinámica económica mediocre.
Como podemos ver, el superávit presupuestal de este primer semestre, sin restarle trascendencia, está asentada en pilares mucho más débiles de los que debería. Resulta impostergable echar atrás la tóxica reforma fiscal y generar una política de verdadera austeridad en el gasto corriente, que además de consolidar el superávit presupuestal, brinde los recursos que potencien la infraestructura productiva del país. Esto sería tal vez lo mejor que Peña Nieto pudiera hacer por los mexicanos en el último año de su administración.
