Hoy, después de más de un año de trabajo intenso y cercanísimo con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco el informe Yo sólo quería que amaneciera. Impactos sicosociales del caso Ayotzinapa.
Esta obra, indispensable para quienes nos interesamos por combatir la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, es fruto del trabajo de un equipo de 10 profesionales de la salud, la sicología y la antropología que realizaron una inmersión en el entorno familiar y comunitario de padres, madres, hijos, hermanas y demás seres queridos de los 43.
De esta forma, Yo sólo quería que amaneciera logra desentrañar el dolor y las consecuencias físicas, económicas, sicológicas y sociales que acarrea una atrocidad de las dimensiones de los hechos de Iguala.
En sus páginas, el informe da cuenta de cómo la indolencia del Estado ha obligado a estas madres y padres de extracción campesina a abandonar no sólo sus trabajos, sino sus hogares, al resto de su familia, en suma, su vida, para buscar a sus hijos frente a unas autoridades que no pueden o no quieren garantizar su mínimo derecho a la verdad.
El trabajo de entender, exponer y buscar caminos de remediación poniendo en el centro a las propias víctimas de estos hechos no es menor; es, por el contrario, una brújula para las políticas de investigación y de atención hacia quienes cada día sufren el no saber el destino de su ser querido. Es por eso que tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la CNDH coincidieron en recomendar la elaboración del trabajo que hoy ve la luz.
De aquilatarse adecuadamente su importancia por parte de todos los actores involucrados, Yo sólo quería que amaneciera podría constituirse en un mapa de coordenadas que ayudase a enmarcar una relación respetuosa entre las víctimas y el Estado, que es una más de las deudas que se acumulan en este caso y que puede tener un efecto ejemplificador en favor de las miles de víctimas que pueblan México.
La investigación del caso Ayotzinapa ha estado marcada por tres etapas: a) la de la denominada “verdad histórica”; b) la de la supervisión internacional que trajo a nuestro país al GIEI y desmontó esa verdad como la “mentira histórica”, y c) la etapa de administración en donde el gobierno federal reiteradamente menciona que está agotando diversas líneas de investigación y en particular las recomendaciones del GIEI, pero esto no se materializa en avances concretos y francos para dar con el paradero de los estudiantes.
Es en este contexto que en recientes días se dio a conocer la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, como si se tratase de una detención crucial del caso. Muy lejos de ser cierto. Antes hay personas que durante más de tres años cuentan con orden de captura y que si pudieron tener un papel de coordinación y decisión sobre el destino de los normalistas y siguen sin ser detenidos. Más aún, hay líneas de investigación que podrían derivar en detenciones relevantes de integrantes de corporaciones de los tres niveles de gobierno, pero que tampoco presentan avances significativos.
El diagnóstico de impactos sicosociales Yo sólo quería que amaneciera nos marca una ruta que sin duda podría ayudar a desmontar los pactos de silencio e impunidad. Poner en el centro a las víctimas, significa poner por delante el derecho a la verdad, que primero asiste a las 43 familias, pero después a quienes formamos parte de la sociedad en su conjunto. Persistir en el camino actual después de tres años y seis meses, es apostar a la revictimización y al encubrimiento de las redes ilícitas de poder que han posibilitado casos como Ayotzinapa.