El país no puede estar supeditado a la benevolencia del gobernante en turno por más votos que haya obtenido. Si los pesos y contrapesos de los poderes son endebles, si el Legislativo y el Ejecutivo parecen ser la misma cosa, si el Judicial está arrinconado y no levanta la voz, si a la prensa que no aplaude se le ataca por fifí, si las universidades públicas gozan de una autonomía subordinada a los subsidios oficiales, quedan pocas cosas, pero una de ellas es más importante que todas juntas: la ley. Como decía Edmund Burke, liberal inglés: “la ley es la seguridad del pueblo, la seguridad de cada uno de los gobernados y la seguridad de cada uno de los gobernantes”.
Recibí una invitación para oponerme a una propuesta: (Change.org Claudia Sheinbaum: NO al gasto de cambiar la imagen de la CDMX otra vez.) Aun cuando estos desplantes ciudadanos no modifican siempre la realidad política, son nuevas formas que se han incorporado a la relación de los particulares con su gobierno. Habrá que prestarles atención.
La próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México ofrece 150 mil pesos al mejor logo de la Ciudad. Independientemente de la trivialidad de cambiar la imagen, cuando tantas otras cosas deben cambiarse primero, habría que preguntar si los recursos para el certamen son dineros públicos o aportación filantrópica. Claudia Sheinbaum no puede todavía disponer de recursos fiscales.
Cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia cambió su nombre por Secretaria de Salud (80s), no se convocó a concurso alguno y se evitaron gastos innecesarios. Desde 1940 el logo de la SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia) sigue siendo el mismo SSA (Secretaria de Salud).
La convocatoria de Sheinbaum muestra desdén a la ley. Una jefa de Gobierno electa no puede legalmente comprometer recursos, así parezcan insignificantes, antes de asumir formalmente el cargo. No es un tema de montos, sino de principios, de orden y de cumplimiento de las normas. Los nuevos gobiernos federal y de la CDMX parecen tener la convicción de que como pueden lo más (ganar la elección), pueden lo menos (hacer a un lado leyes y reglas). Como si el silogismo fuera que al final de cuentas para eso ganaron los Poderes Ejecutivos y los Congresos.
Solo unos ejemplos planteados por Elisur Arteaga, notable constitucionalista, aun cuando hay más: Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia tienen doble nacionalidad y no pueden, según el artículo 32 constitucional, desempeñar el cargo de senadores. Manuel Velasco y Miguel Ángel Mancera tampoco pueden ser senadores por otra razón distinta, pero igualmente constitucional: la prohibición del artículo 55 fracción V: “los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.
Por otra parte, Manuel Velasco, el gobernador/senador de Chiapas, puede ser al mismo tiempo uno y otro, como si la Constitución no existiera y los mexicanos fueran unos pusilánimes que no les importa que los que mandan acomoden la ley a sus intereses. Parecen olvidar que la Constitución y las leyes se hicieron para defender a los ciudadanos del gobierno, no para autorizar a éste a violar el régimen jurídico. En una sociedad democrática la defensa del ciudadano es ley. Sin ley una sociedad estaría (seguiría) perdida. Por ello es preocupante los dislates jurídicos de un gobierno que todavía no lo es, pero ya olvida el texto de las leyes.
La propuesta de AMLO fue por un país de hombres y mujeres libres y dignos, por eso ganó. Para cumplir es indispensable el imperio de la ley. Cuando no existen o se violan las leyes, el que manda es un tirano y los que se someten unos esclavos.
Investigador nacional en el SNI.
@ DrMarioMelgarA