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Las restricciones presupuestales aplicadas en la educación superior durante las últimas décadas han generado un deterioro profundo de las condiciones de trabajo académico: inestabilidad laboral, bajos salarios, pago a destajo —por hora pizarrón impartida—, nulos apoyos para la formación y actualización, etcétera. Para mirar la magnitud del asunto, podemos observar lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México, referente nacional e internacional en producción científica, literaria y cultural. En 2018 dicha institución contaba con una planta de 40,578 profesores, de los cuales 31,792 estaban contratados como profesores de asignatura, 4,641 como ayudantes de profesor (http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/). Es decir, cerca del 70% de su planta académica se encontraba contratada como profesor hora/clase. A pesar de que en 2018 el 60.9% de su presupuesto se destinó a la docencia (en nivel superior y bachillerato), sólo el 12.1% de ese total se destinó a pago de remuneraciones, sueldos y compensaciones para profesores de asignatura y ayudantes de profesor. (http://
www.transparencia.unam.mx/obligaciones/
consulta/informacion-contable)
Lo que tenemos de fondo es la restricción presupuestal como causa fundamental de esa precarización en el trabajo universitario y una política universitaria que promueve la desigualdad entre sus profesores. Condición que se replica en la mayoría de las universidades públicas de nuestro país, esquemas similares encontramos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh).
A 40 días de la huelga del SITUAM, y 25 días de la huelga de los sindicatos de académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH y STUACH), con demandas elementales como: aumento salarial de 20% y 15% respectivamente, cese de contrataciones al margen de los contratos colectivos, reducción de las brechas entre las remuneraciones de los directivos, el personal administrativo y docente, en un manejo equitativo y transparente de los recursos ¿Por qué no dotar de mayores recursos a las universidades públicas? ¿Qué sucede con el salario de los rectores y de los altos funcionarios? Eso es algo que vislumbran muy bien en sus demandas los trabajadores de la UAM, ellos consideran que el incremento salarial se podría dar si se reduce el salario de los altos funcionarios, así como algunas de las prerrogativas a las que tiene acceso la alta burocracia universitaria. Simplemente en la participación salarial por tipo de contratación el 52% es destinado para el personal de confianza y administrativos (Pérez Ruiz, febrero 2019, p. 6)
Es urgente que el nuevo gobierno centre su atención en la importancia que las universidades públicas tienen para solucionar problemas que atañen a la vida económica, política, cultural y social de nuestro país. Por nuestra parte no podemos dejar de reconocer las oportunidades de cambio que se abren con el nuevo gobierno, cuya llegada generó una expectativa del modelo de país con un desarrollo económico orientado hacia la justicia social con la redistribución de la riqueza y redignificación de las condiciones de trabajo. Lo cual pasa por la asignación de un mayor presupuesto público, y una reforma fiscal progresiva.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del CACEPS
