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Ante la decisión del Gobierno Federal de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y sustituirlo por uno en Santa Lucía, decenas de ciudadanos, agrupados en el colectivo #NoMásDerroches, presentamos ante tribunales federales diversos amparos con un doble fin: conservar las obras realizadas para el aeropuerto de Texcoco y suspender el proyecto de Santa Lucía, en tanto no se tengan los dictámenes y permisos necesarios que acrediten, entre otros temas, su factibilidad ambiental y la seguridad aérea para su operación. Al día de hoy, diversos jueces y magistrados han coincidido en que proceden estos cuestionamientos jurídicos.
Hasta aquí, todo normal para cualquier país que se precie de tener un Estado de Derecho: dada una inconformidad con una decisión de gobierno, un ciudadano acude a los tribunales para defender sus derechos. Pero no son tiempos normales, y el presidente ha lanzado “advertencias” de exhibir a los firmantes de los amparos. Lo hará “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”. Hay que decirlo: es grave convertir el ejercicio de un derecho en un supuesto agravio contra el país; es grave engañar cuando lo que va contra el interés nacional es dilapidar recursos escasos; y es grave denostar a quien ejerce un derecho, abriendo la puerta a linchamientos mediáticos y, eventualmente, a posibles restricciones de libertades y derechos de acuerdo a definiciones políticas.
No debe olvidar el jefe del Estado mexicano que promover un amparo forma parte de esas libertades y de esos derechos, y que el acceso a la justicia es un derecho humano consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México. Es probable que el proyecto de Texcoco tenga cosas por mejorar, como cualquier obra, pero cancelarlo sin una alternativa viable, es incomprensible. Que quede claro, nadie en el colectivo está defendiendo algún contrato, ni está ganando dinero, influencia, comodidad, ni nada. Al contrario, lo hacemos porque somos muchos los que queremos que el gobierno cuide un dinero que no es suyo, sino de todos.
Si el presidente considera que su decisión de construir el aeropuerto en Santa Lucía está debidamente sustentada, que así lo acredite en tribunales. Los principales expertos del mundo en aeronáutica coinciden en que es muy mala idea, pero al menos que se cumpla con la ley. Minar el Estado de Derecho desde la presidencia puede traer consecuencias graves para todos, en momentos muy difíciles para el país.
La corrupción no ha desaparecido, la inseguridad se agrava, la economía se estanca y, por si fuera poco, se propició un problema migratorio que puede desatar una crisis humanitaria. Ante estos problemas, “advertir con exhibir” a quien ejerce derechos, o atacar a medios de comunicación y a periodistas, o a organizaciones sociales, es una irresponsabilidad.
El discurso presidencial puede cambiar. Coincido con el jefe del Estado mexicano cuando afirma que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Es más, debería usar los amparos del colectivo como una oportunidad para cambiar de opinión y para que pueda decir: “yo creo en la ley, y si ésta me pide que cambie... lo cambio”. Nuestro país requiere un régimen de libertades amparado en un Estado de Derecho, y fortalecido por una ciudadanía activa, crítica y propositiva. Un régimen en el que la tolerancia no sea una dádiva, el ejercicio del poder no sea pretexto para abusos, y en el que los ciudadanos no se confundan con súbditos. Ley, libertades, tolerancia, ciudadanía… no a todos les gustan. Yo opino, en cambio, que son esos los valores a defender, hoy y siempre.
Presidenta de Causa en Común. @MaElenaMorera
