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Hace unos días, las organizaciones “Causa en Común” y “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” presentamos un registro que da cuenta de diversas acciones probablemente ilegales cometidas por el Poder Ejecutivo Federal en los primeros seis meses de su administración. De todas, por su gravedad, vale la pena detenernos en las violaciones a la progresividad de los derechos humanos.
¿Qué significa y por qué es importante? Significa que, constitucionalmente, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de manera progresiva, con la finalidad de ampliar el alcance y la protección de estos derechos en la mayor medida posible, hasta lograr su total efectividad. En otras palabras, existe una prohibición constitucional para aplicar medidas que impliquen una regresividad de nuestros derechos; una medida restrictiva sólo podría justificarse cuando se pruebe, no sólo la carencia de recursos, sino que se realizaron todos los esfuerzos posibles para utilizarlos o, en su caso, para implantar la medida menos lesiva. Es decir, para cancelar algún derecho ganado, no basta simplemente decir que “hay corrupción” o que “no hay dinero”.
¿El Presidente ha cumplido con el principio de progresividad? No. Por ejemplo, la cancelación del programa de estancias infantiles por supuestos actos de “corrupción”, ha afectado los derechos humanos de la totalidad de las y los trabajadores, usuarios y beneficiarios de este programa, tal y como lo señaló en su recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otras palabras, en lugar de garantizar que el Estado amplíe la protección de los derechos fundamentales, se decide sin más eliminar un programa que garantizaba el acceso de niñas y niños a servicios de cuidado y de atención, así como el desarrollo profesional de sus madres y padres.
Otro caso grave fue la cancelación del programa de comedores comunitarios que beneficiaban, por lo menos, a medio millón de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Este programa, que protegía el derecho a la alimentación de estas personas, simplemente fue cancelado alegando otra vez “corrupción”, sin ofrecerles otra oportunidad de subsistencia. Por cierto, según el informe de resultados de la entonces Sedesol, el 92% de sus usuarios consideraron que los comedores “les permitían mejorar su alimentación”.
También está la cancelación o reducción de recursos para programas relacionados con la atención de pacientes con cáncer y con VIH/SIDA. Vemos en redes sociales madres y padres de familia desolados porque no hay recursos para la quimioterapia de sus hijos, o las manifestaciones de personas enfermas que denuncian el desabasto de retrovirales, indispensables para mantenerse con vida. Vemos también los injustos despidos de jóvenes médicos que trabajaban en hospitales públicos, de por sí en situaciones muy precarias. Y ahora también se habla de un probable desabasto de medicamentos.
Sumado a estos actos del Ejecutivo, el Legislativo ha votado leyes regresivas. Es el caso, muy delicado, del aumento de delitos que ameritan prisión automática. En lugar de fortalecer el principio de presunción de inocencia, ahora habrá más casos en los que el “presunto culpable” tendrá que enfrentar el juicio, o eso que en México llamamos “juicio”, en prisión.
Pero los atentados contra los derechos humanos no se quedan ahí. La regresión que se busca ahora abarca a la CNDH, con ataques directos del presidente de la República. No permitamos que México abandone un camino que nos costó mucho tiempo y esfuerzo transitar. Lo que el gobierno tendría que impulsar es una defensa de nuestros derechos y su ampliación mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es grave lo que está sucediendo con nuestros derechos. Vamos para atrás muy rápidamente. Unamos voces y fuerzas para defenderlos.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
