Los Foros Escucha, que comenzaron hace dos semanas, buscan identificar propuestas para la elaboración de políticas públicas, a través de consultas que reúnen a diferentes grupos sociales, principalmente víctimas de la violencia, con el objetivo de avanzar en la superación de la violencia y la construcción de paz. Se estima que se realizarán al menos 50 Foros en diversos estados de la República, incluyendo reclusorios y refugios para migrantes.
La intención de realizar estos foros es valiosa, pero también excesivamente ambiciosa, y ahí está el principal riesgo. El equipo de AMLO busca crear un espacio de esperanza para las víctimas y ciudadanía en general, lo cual es loable siempre y cuando no se generen falsas expectativas. Como es sabido, en anteriores cambios de gobierno se llevaron a cabo ejercicios similares para conocer la opinión de los ciudadanos, pero que al final quedaron en ejercicios catárticos, que poco incidieron en políticas públicas y menos en resultados.
En el primer foro realizado en Ciudad Juárez, el próximo secretario de Seguridad Pública comentó que el resultado de todo los discutido será un documento de sistematización que contribuya a la puesta en marcha de acciones y políticas públicas, que se basará en los resultados específicos de cada Foro. En efecto, el gran reto consiste en empatar el dolor y la frustración de los participantes con las cuestiones técnicas, legales y presupuestales intrínsecas al tema.
Aún así, es claro que no hay respuesta a preguntas medulares que resultan de planteamientos del próximo gobierno. El perdón es una definición personal y la justicia es una definición social a cargo del Estado. ¿Cómo se vincularía el pretendido perdón con los procesos de justicia? ¿Es de entrada posible imaginar perdón sin justicia? ¿En qué consiste la “amnistía”? ¿Se dialogará con los protagonistas de la violencia? Uno podría suponer entonces que se dialogará para negociar. Entonces, ¿qué se les va a ofrecer? ¿Habrá también una estrategia de aplicación de la ley o toda la estrategia descansará sobre las ideas del perdón, el diálogo y la negociación? ¿No habría que escuchar también a los actuales operadores de nuestro sistema de inseguridad? ¿A los policías, a los ministerios públicos, a los jueces, a los guardias penitenciarios? Y al final queda la duda quizá más importante: ¿Se le otorgará la prioridad debida a la urgente reconstrucción de las instituciones del Estado (policías, fiscales, jueces y penales) para que éste cumpla con su obligación primaria de garantizar la seguridad ciudadana?
El hecho es que el país está como está porque, entre otras razones, la irresponsabilidad sin consecuencias de sucesivos gobiernos federales y locales, ha destrozado nuestras instituciones de seguridad e impartición de justicia. Ese abandono explica su ineficacia, y su ineficacia justifica el desprecio social hacia dichas instituciones. Lo primero que debería plantearse entonces el nuevo gobierno es cómo romper ese círculo vicioso de tal suerte que emprendamos la construcción y dignificación de dichas instituciones. Nadie peleará con la idea de realizar foros, adelante, y que de ahí surjan ideas y sensibilidades para empezar a desenredar la madeja de nuestras violencias, pero todos sabemos lo que pasa y todos conocemos los diagnósticos. Todos sabemos que lo que se requiere es un trabajo técnico con expertos y presupuestos suficientes. No es ciencia nuclear y, desde luego, no es un tema para el que resulten admisibles los eslóganes políticamente correctos e igualmente vacíos. Al contrario: se requiere sobriedad política, humildad frente a la magnitud del problema y, desde luego, voluntad. Eso si no queremos que los foros se conviertan en un triste testimonio de un ejercicio ciudadano inútil. (Colaboró: Romina Jiménez Funes, investigadora de Causa en Común).
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMore ra