Más Información
- in memoriam a quienes ya no están, y va por quienes han ayudado a su rescate-
En medio de la tragedia, alguien (es) con premeditación y aprovechándose de la desventaja de muchos y de la ventaja de menos, colocó en el debate público el tema del financiamiento de los partidos políticos. La intención plausible de que hicieran aportaciones para la reconstrucción y apoyo a los damnificados de los sismos, se tergiversó y se convirtió en una idea intransitable: “que el INE retire todo el financiamiento público a los partidos”.
Coincido con muchas opiniones en el sentido de que el financiamiento público de los partidos es elevadísimo, y claro que podría reducirse. Pero son ambas Cámaras del Congreso de la Unión, o sea los propios partidos, los que han definido las fórmulas, en ley, para otorgarse el financiamiento, y nunca lo han querido reducir, sino más bien lo han incrementado.
No me dejarán mentir quienes me consultaron: Mi respuesta inmediata fue: 1) el INE no tiene facultades para hacerlo motu proprio; 2) los partidos podrían renunciar a su financiamiento, solicitándole al INE que no otorgue las ministraciones correspondientes, y 3) aunque se aprobaran reformas constitucionales, no proceden modificaciones reglamentarias que impacten en su esencia el sistema, una vez iniciado el proceso electoral. Me explico:
1. El INE recibe el recurso por concepto de financiamiento y lo ministra en mensualidades a los partidos. Únicamente retiene el financiamiento por concepto de multas y lo entera a la tesorería. Actualmente están pendientes de pago alrededor de 200 millones. 100 ya firmes y 100 que se encuentran en litigio ante el tribunal electoral. Sobre estos recursos, el INE y la SHCP podrían llegar a un acuerdo para que se enteren de inmediato y no hasta el mes de diciembre, y que esta última tome los acuerdos necesarios para que de una vez se etiqueten a algún fondo de apoyo a los desastres. Si los partidos siguen violando la ley, entonces este fondo aumentará. Por cierto, ésta no es una figura novedosa. Cuando era Secretaria y me tocó justificar y defender el presupuesto del entonces IFE ante la Cámara de Diputados, fue ahí cuando junto con Rodrigo Morales y Gustavo Varela ideamos la fórmula de que en lugar de que nos redujeran el presupuesto de 2005 en 800 millones, destinaran las multas pendientes de pago de los partidos al rubro de “Ciencia y Tecnología”, que en ese entonces sumaban esa cantidad por los casos de “Los amigos de Fox” y “PEMEX Gate”. Y así se hizo y entiendo que esa práctica prevalece.
2. Los partidos sí pueden renunciar a su financiamiento, ya aprobado, exclusivamente dando al INE el aviso correspondiente. De hecho lo ideal es que los recursos ni siquiera lleguen a la cuenta de los partidos ni, a las del INE. Este último, igualmente, como parece lo está haciendo, buscará la forma con la SHCP para destinar esos recursos a un fondo específico de desastre. Asimismo, si renunciaran a recibir el financiamiento público, el privado al que tendrían derecho, se debiera calcular con lo que les correspondería. Lo que no pueden hacer los partidos, es recibir el dinero y ellos destinar esos fondos a otras causas, por nobles que estas sean, como la reconstrucción. El origen y destino del financiamiento está regulado en ley y estrictamente fiscalizado por el INE. De ahí que propuestas, que a mi gusto parecerían clientelares, de que los partidos dispongan de esos recursos para directamente apoyar a las personas afectadas por los sismos, están prohibidas por la Constitución y la ley, y serían sancionados. Lo bueno es que esas multas sí podrán ir al fondo de desastres, pero no inmediatamente.
3. Y por lo que hace a las reformas al modelo de financiamiento que los partidos políticos están proponiendo, para que sean efectivas en el proceso electoral en curso, desde mi punto de vista muy personal, serían inconvencionales las modificaciones a la Constitución, contraviniendo los principios rectores y estándares internacionales de certeza y de equidad de las elecciones democráticas. Pero además, las reformas legales serían inconstitucionales, entonces los partidos representados en el Congreso, tendrían que aprobar un régimen transitorio constitucional absurdo para aplicar las nuevas reglas, afectando la operación técnica de la fiscalización, llevando a los partidos a una situación de inequidad en la contienda inadmisible, y afectando una de las elecciones más importantes, cuando menos cuantitativamente hablando, de nuestros procesos democráticos.
Estoy convencida de que el debate hay que darlo. Debemos reducir el costo de nuestros procesos electorales, y celebro que los partidos aporten de su financiamiento a la reconstrucción. Lo único que me gusta de que la reforma se pudiera aprobar y de, que desaparezca el financiamiento público, es que los partidos pagarían sus multas por violar la ley, con su financiamiento privado. No estoy cierta que les alcance a todos. Y Además, la reconstrucción, ante la tragedia, requiere de un esfuerzo mayor del gobierno, del legislativo, del judicial y de la ciudadanía organizada y en lo individual. No bajemos la guardia.
Investigadora invitada de la Escuela de Derecho de Harvard
