La integración paritaria de los órganos legislativos comienza a dar resultados cualitativos positivos. Comenzamos a ver las consecuencias de contar con más mujeres en los órganos de decisión. La visión y análisis que aportan es indispensable para la reconfiguración y construcción de un Estado Democrático de Derecho.
En la medida en que además de ocupar escaños y curules, se escuchan y materializan los logros de sus luchas, causas y convicciones, es que la participación política de las mujeres se fortalece. Así lo hicieron notar las diputadas federales al discutirse y aprobarse las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde pugnaron por áreas para la promoción de los derechos de las mujeres; y fueron por más. Están buscando aumentar los recursos económicos y humanos para impulsar la participación política de las mujeres y proteger, en general, sus derechos humanos.
Sin el posicionamiento de diputadas como Guadalupe Almaguer, Ana Lilia Herrera, Dulce María Sauri, Lucero Saldaña y Martha Tagle, —no menciono a todas, pero sé que muchas son aliadas en estas causas— no se hubiera conseguido que se establecieran las Unidades de Género en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un avance inconmensurable, y lo hizo la “Legislatura de la Paridad”. Ahora, es turno de la colegisladora.
Dicha discusión comenzó cuando insistentemente se señaló que dentro del plan de austeridad del próximo gobierno (yo no conozco el documento definitivo) se contemplaba eliminar las Unidades de Género en las entidades de la administración pública federal, para generar un ahorro presupuestal, lo cual, en sí, representa un retroceso y el incumplimiento a tratados y recomendaciones nacionales e internacionales.
Estas unidades son las encargadas de generar una política de igualdad al interior de cada una de las dependencias, además de que obedecen al mandato internacional de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género. El compromiso de los gobiernos con la agenda de género, igualdad e inclusión, sin duda comienza por la creación de dichas Unidades.
En particular, soy una convencida impulsora de las Unidades de Género, y además, una convencida de la necesidad de su establecimiento ubicadas en la más alta jerarquía dentro de cada institución, nacional o internacional. Así lo reflejé en mi paso por la presidencia del Tribunal Electoral, órgano pionero en el Poder Judicial en establecer una Coordinación de Institucionalización de la perspectiva de Género, desde donde pudimos diseñar e impulsar políticas de género en el Poder Judicial.
Esta discusión merece toda nuestra atención. Las Unidades de Género han sido las responsables de una política pública en favor de mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras del Estado. Desde estas oficinas se ha impulsado el estudio y acciones en contra de las brechas salariales entre hombres y mujeres; el análisis de las mujeres en cargos directivos, hasta la implementación de protocolos por cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, además de la adecuación de espacios para la lactancia, entre otras más.
No debemos perder de vista que una de sus principales finalidades es la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas de la administración pública de manera transversal, así como darle seguimiento y verificar su cumplimiento. De hecho, en julio de este año el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/9 Recomendaciones 2018) reconoció el avance del gobierno mexicano por la creación de varios mecanismos de promoción de la igualdad de género, como las unidades de igualdad de género.
Sin embargo, éste es sólo un paso. El siguiente será que se garantice su correcto financiamiento, así como el ejercicio de sus recursos. En años anteriores, el Poder Legislativo ha establecido recursos etiquetados para que la dependencia se vea obligada a otorgarles este dinero. Esto ha permitido la creación, planeación y ejecución de las Unidades de Género e Igualdad.
El compromiso está en manos del Senado, en donde seguramente caminará por la ruta correcta e incluso, estoy segura de que se perfeccionará. Hay mujeres y hombres comprometid@s con esta gran causa.
Investigadora invitada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Directora de UNAM-Boston