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Mi posición es clara: Defender todas las iniciativas y espacios que permitan a las Mujeres levantar la voz cuando son violentadas.
Comencemos por el principio: para las Naciones Unidas, el acoso sexual es una forma de violencia y discriminación arraigada en los desequilibrios históricos de poder y la cultura dominada por los hombres, que permea a los gobiernos, al sector privado, las organizaciones internacionales e incluso las organizaciones de la sociedad civil (http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/towards-an-end-to-sexual-harassment)
La ausencia de instancias confiables nos ha llevado a hacer público el acoso, la intimidación, la amenza, las agresiones físicas, verbales y sexuales, lo cual, no es cosa sencilla. Tenemos que continuar nuestra lucha y seguir exigiendo a los Estados, a las autoridades, a dueños y a titulares de empresas y medios, que adecuen sus normas de atención y protección a las mujeres. Es urgente que se echen a andar los mecanismos de justicia que protejan de inmediato a esas mujeres, que sancionen a los agresores, que reparen el daño y que eviten la repetición de ese tipo de conductas.
En un sistema en el que impera el estado de derecho, se trataría de denuncias formales ante las instancias públicas y privadas, que nos atendieran a las mujeres con la debida diligencia y protección, resguardando la privacidad de la información y datos que la víctima requiera.
En México hemos trabajado de manera permanente, mujeres legisladoras, juzgadoras, políticas, periodistas, académicas, activistas, pero no hemos vencido los obstáculos y resistecias del poder misógino y patriarcal.
El movimiento ha servido para visibilizar estas aberrantes conductas. Este auge se debe en gran manera a las redes sociales e internet, son vehículo para potencializar las denuncias y hacer visibles aquellas acciones que pasaban inadvertidas ante nuestros propios ojos (después de la denuncia de Alyssa Milano Vs. Harvey Weinstein, en Facebook la etiqueta fue utilizada por casi cinco millones de usuarios en las primeras 24 hrs.) Movimientos como #MeToo y #NotTheCost han sido eficaces para difundir a nivel global este tipo de prácticas que no debemos tolerar. Las denuncias se extendieron, del mundo artístico, a las parlamentarias, a periodistas, a políticas, tanto candidatas como funcionarias en el ejercicio de la función pública y a otros sectores. Estos casos llamaron la atención al ser figuras públicas las denunciadas y las denunciantes. Y también son válidas las denuncias que reservan la identidad, lo cual es reconocido como garantía para la protección de las víctimas denunciantes: así lo prevén los protocolos serios.
Desafortunadamente estos casos en su mayoría no se denuncian y ese es el reto, lograr que lo que se denuncie en las redes sociales se haga ante instancias formales, se atienda, se proteja, se sancione y se repare (Ver: hilo de Twitter. Estefanía Vela Barba https://twitter.com/samnbk/status/
1113810498590597126).
Para ello debemos entender que el acceso a la justicia para la atención de estos casos sigue siendo una asignatura pendiente sobre la cual ya se está trabajando en distintas agencias internacionales. De ahí que se deban retomar por el legislador cuando menos cinco puntos para regular la violencia de género, y así diseñar un modelo de acceso a la justicia: 1) un enfoque integral para la solución del problema, 2) una conceptualización amplia, 3) el establecimiento claro de competencias, 4) la regulación de órdenes de protección; y 5) las reparaciones. Su principal motor debe ser el debido proceso e impartir justicia a quienes levantan la voz.
Sean estas líneas apoyo e impulso para aquellas mujeres que viven algún abuso. Si no denunciamos no seremos capaces de erradicar estas conductas en manos de un patriarcado que se resiste a morir.
Doctora en Derecho por la UNAM.
Presidenta de 12624 Consultoras. @MC_Alanis
