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El 2 de junio se llevaron a cabo elecciones en Baja California. Ganó Morena. El 8 de julio, como a las 11 de la noche, nos enteramos que el Congreso de ese estado modificó la Constitución local para extender el periodo de gobierno del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años. No obstante que hace solo un mes votaron por un gobernador que habría de permanecer en el cargo dos años.
Las preguntas: ¿por qué es un abuso de poder?, ¿por qué resulta anticonstitucional?, ¿quiénes lo aprobaron?, ¿por qué es una amenaza al Estado Constitucional y democrático de Derecho?
1. El abuso es por la forma y por el fondo. Se trata de un Congreso local, cuyos diputados van de salida, decidieron modificar la Constitución local sin previo aviso y sin debate. Cabe decir que en la misma sesión votaron en favor de un auditor del Estado que, todo parece indicar, es amigo del gobernador. Dos decisiones fundamentales que no fueron debatidas. El abuso es grande porque vulnera no sólo la Constitución, sino que también contradice la voluntad popular que fue expresada en favor del gobernador electo por un periodo de dos años.
2. Es anticonstitucional porque la Constitución local establece que el periodo es de dos años y para ello fueron convocadas las elecciones. Sólo existió un voto en contra: el del diputado Miguel Osuna Millán y cuando habló en contra, nadie quiso debatir. Así de reflexiva fue la reforma de la Constitución local.
3. Lo aprobaron todas las fuerzas políticas. Sí, todos los partidos: PAN, Morena, PT, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Todos. Hay que fijarse en el nivel de los 11 diputados del PAN: ese partido perdió y, de ser la primera fuerza, pasó a ser la segunda fuerza electoral, pues, con esta decisión, le regalaron a Morena tres años; es decir, en lugar de prepararse para ganar le regalaron el poder por tres años más. Y luego dicen que no se necesitan más partidos.
4. Es una amenaza al Estado Constitucional y Democrático de Derecho porque rompe con el espíritu de la ley fundamental; y sustituye al derecho y a la democracia con el poder y la complicidad. Esto no es menor. Cuando lo que impera es el poder y no la razón, cuando se decide por la imposición numérica y no por la democracia, quien corre todos los riesgos es ésta última.
También es una amenaza porque parece más bien una manera de medir los ánimos ciudadanos. Es decir, la reacción de una ciudadanía frente a las extensiones arbitrarias del mandato del ejecutivo. Y en el país de las sospechas, por qué no pensar que se trata de un posible adelanto a nivel federal.
Como hubo una reacción ciudadana, empezaron a salir historias, una de ellas es que les habían dado millones de pesos a cada diputado para conseguir su voto. Y no es el millón o los 8 millones de pesos que dicen que les dieron; el sólo hecho de aprobar la reforma, es expresión de la descomposición de la política, la podredumbre del poder, así como la corrupción.
Kiko Vega, del PAN, actual gobernador, ha dicho que no la va a publicar. No me extraña su hipocresía —parte de su personalidad— sino el desconocimiento de su propia constitución. Él tiene que publicarla, no es opcional, se trata de una reforma constitucional que por sí misma supera el veto. Si no lo hace, también será un mal precedente para el derecho.
En relación con esta reforma, además de aumentar la ocurrencia del gobernador Kiko Vega, hay que resaltar la respuesta del gobernador electo ante la pregunta de si se trataba de una reforma violatoria de la Constitución: “no sé derecho”, contestó. En fin.
Desde todos los puntos de vista, la reforma es anticonstitucional, un atentado al sistema democrático y un despropósito que la Suprema Corte de Justicia deberá resolver.
Abogada
