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Mañana se cumplen 65 años de la publicación de la reforma constitucional que dio acceso a la participación política de la mujer en México, al conferirle el derecho a votar y ser votada a los cargos de elección popular. Un hecho de la mayor trascendencia que hoy nos permite, por vez primera en nuestra historia, contar con un Congreso integrado de manera paritaria.
El reconocimiento del derecho al voto es producto de un largo proceso que tiene sus antecedentes desde que nuestro país surgió a la vida independiente. Como apunta la historiadora Patricia Galeana, en 1824 durante los trabajos para elaborar nuestra primera Ley Fundamental, un grupo de mujeres zacatecanas envió una misiva al Congreso Constituyente para exigir el reconocimiento de su participación en la lucha independentista y el derecho a ser ciudadanas con capacidad de acción política.
Esas voces no fueron escuchadas y en el siglo XIX la mujer permaneció relegada de la vida pública. Fue a fines de ese siglo cuando haciendo eco de los movimientos sufragistas que surgían en otras latitudes, se conformaron en el país los primeros grupos feministas, e incluso en 1884 se formó en Puebla un sindicato de tejedoras de sarapes y en 1887 uno en la Ciudad de México, formado por cigarreras, para exigir derechos laborales.
En 1910, en plena efervescencia revolucionaria, algunas mujeres formaron grupos de discusión o se unieron a los existentes y cuando Madero fue electo, le exigieron apegarse al texto de la Constitución de 57 que genéricamente confería el derecho de voto a los ciudadanos mexicanos.
En 1916 se organizó en Yucatán el 1er Congreso Feminista, auspiciado por el gobernador Salvador Alvarado. En las conclusiones se destacó: “Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad”.
Durante la Revolución la historia narra la participación activa de la mujer, como enfermeras, mensajeras o colaborando en la redacción de proyectos y planes. Instalado el Congreso Constituyente de 1917, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres argumentando: “Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos.”
Aunque sus argumentos eran sólidos, su petición no fue acogida; sólo en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas se confirió el voto a las mujeres, una efímera concesión. Ello no impidió que las mujeres perseveraran, la más persistente fue Esther Chapa, quien durante 22 años, al inicio de sesiones del Congreso, enviaba una carta solicitando el derecho al voto.
Un primer paso se dio bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien planteó la reforma al artículo 34 constitucional, que no llegó a publicarse. Es hasta 1947 cuando el entonces presidente Miguel Alemán publicó la reforma al artículo 115 constitucional, que confería el voto a la mujer en el ámbito municipal.
A partir de ahí la lucha se intensificó y organizadas en la Alianza de Mujeres de México, creada a instancias de Amalia Castillo Ledón (Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres) entregó al candidato a la Presidencia, Adolfo Ruiz Cortines un documento con 500 mil firmas solicitando el voto. Una vez en la Presidencia, Ruiz Cortines promulgó la reforma al artículo 34, que confirió plena ciudadanía a las mujeres y el derecho a votar y ser votadas. Fue entonces necesario formular un nuevo padrón electoral en el que figuraran las mujeres, para la elección de 55.
Tuvieron que transcurrir más de 6 décadas para ver, apenas, una integración paritaria en el Congreso de la Unión, gracias a la perseverancia de muchas más mujeres y a la voluntad política que dio paso a la reforma electoral que en 2014 elevó a nivel constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a legisladores federales y locales, tanto como a los criterios de las autoridades electorales que le han dado plena vigencia y lo han ampliado hasta el ámbito municipal.
¿Qué sigue a este triunfo? Sin duda esperamos que el liderazgo de las mujeres en el Congreso Federal y en los locales, así como en el ámbito municipal y de las alcaldías en la CDMX impulsen agendas a favor de la igualdad de género —abatir la brecha salarial, erradicar la violencia, favorecer responsabilidades igualitarias en el contexto familiar— que permitan alcanzar una sociedad auténticamente democrática.
Ministra de la SCJN
