¡Óigame compay! No deje el camino por coger la vereda. Este refrán, muy popular desde que el Buena Vista Social Club lo incluyó en su repertorio, advierte el riesgo de tomar el sendero corto para no caminar por la senda trazada. El camino es largo en comparación con el atajo, y lleva más tiempo transitarlo, aunque es seguro. El estribillo de la canción de Ibrahim Ferrer resulta útil para entender, más allá de la coyuntura, la razón por la cual estamos en una situación de incertidumbre en cuanto a la nueva redacción del Artículo tercero constitucional.
La reforma educativa que impulsó el presidente Peña Nieto, optó por tomar el “paso exprés” con el fin de resolver, desde su perspectiva, los problemas educativos. Vamos por ahí más rápido. Urge. Con lo que no contaban era con el socavón derivado de poner primero el pavimento y luego el drenaje. En contraste con el texto previo, la versión del artículo que el Pacto por México produjo, multiplicó por tres su talla, y dedica el 62% de su contenido (contando transitorios) a cuestiones administrativas, orientadas a parir un complicado sistema de regulación del trabajo del personal docente, sin tomar en cuenta lo establecido en el artículo 123.
Instituye, en el espacio propio de la definición de las características fundamentales del proyecto educativo del Estado, una serie de aspectos inapropiados que enlaza con las atribuciones exclusivas del Congreso, para establecer un régimen laboral especial para el magisterio. Elude revisar lo establecido en materia del trabajo en el país —coge la vereda— pues ese camino, el adecuado, es más largo, costoso y hay prisa: la premura conlleva a torcer las cosas y suele, como en este caso, descansar en que el fin justifica los medios.
La actual administración prometió derogar o abrogar lo realizado por Peña Nieto y sus colaboradores. El 12 de diciembre de 2018 envía el presidente López Obrador una iniciativa de reforma al artículo tercero que, vaya paradoja, vuelve a dejar el camino para coger la vereda: el equipo educativo que nombró no estudia con seriedad el reto que tiene frente a sí, y desperdicia el tiempo que la transición le brinda. Supone que quitando el vínculo de la evaluación con la permanencia (la vertiente punitiva) y modificando denominaciones de las entidades previas, así como algunas de sus funciones, tendrá la aceptación del magisterio inconforme, y el beneplácito de los sobrevivientes del Pacto que, sin ser la aplanadora que fueron en 2013, sí conservan votos suficientes en las cámaras para dificultar la aprobación de la iniciativa, pues se requieren dos tercios de los legisladores, en ambas, para que prospere.
El cálculo fue equivocado: el atajo no hizo justicia a un proyecto de renovación educativa, propio de la promesa anticipada de una transformación profunda como propone el presidente. Incluso, la propuesta que se envía a la cámara de origen carece de una exposición de motivos sólida, e incurre en errores que llevan a pensar en un procedimiento improvisado y displicente. ¿Acaso empleando el mismo telar, sin limpiar al artículo de aspectos no pertinentes, con el cambio de ciertos hilos resultaría un tejido diferente?
Incluso, y tómese como un ejemplo, en este caso se incluyó en el dictamen aprobado un aspecto inusual: en referencia a los planes y programas, se define —para bien— que tendrán perspectiva de género y orientación integral (ciencias y humanidades). Sin embargo, enlista ¡una serie de asignaturas! Para colmo, al indicar que será parte del currículo el arte, dice: “en especial la música”. ¿Es correcto que la lista de materias esté en la Constitución? ¿Por qué la música y no el teatro, digamos? ¿Cada que llegue un secretario, incluirá en el Tercero sus preferencias artísticas? La vía corta puede llevar a un barranco. Aguas.
Profesor del CES de El Colegio
de México. @ManuelGilAnton
