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2015 fue el debut de las candidaturas independientes en elecciones federales para diputados. 2018 lo será para elecciones federales para el Senado y la presidencia de la República. En aquel año mi triunfo por la diputación federal, aunado a otros triunfos de candidatos independientes en elecciones locales, despertó una alta expectativa de las candidaturas independientes en todo el país.
Sin embargo, las candidaturas ciudadanas no son buenas o malas, son simplemente el derecho que tenemos los mexicanos de poder votar y ser votados sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político.
Fue en 2015 que después de 69 años reconquistamos este derecho. La ley electoral federal que reguló las candidaturas sin partido estableció que los aspirantes debían contar con el respaldo ciudadano del 2% de firmas de apoyo del listado nominal para diputados federales y senadores, y del 1% para la presidencia de la República. Esta ley (LEGIPE) también estableció que dichas firmas debían recabarse en el formato-cédula que llevará el nombre completo, clave de elector y firma (art.383) en el plazo establecido según el caso. Igualmente estas firmas de apoyo debían venir acompañadas de copias de la credencial para votar del ciudadano (art. 385) y se añadió un requisito que los partidos llamaron “de territorialidad”, es decir, las firmas debían estar distribuidas en el 50+1 % de las secciones, de los distritos, o de los Estados, según fuere el tipo de elección a diputado federal, senador o presidente de la República (art. 371).
Hoy los opinologos opinan sobre el desarrollo de este proceso de recabado de firmas de quienes aspiramos a ser candidatos independientes a distintos cargos de elección popular, y lo hacen igual que diseñan los Lineamientos, Reglamentos y políticas los burócratas del INE, que nunca han recabado una firma en la calle.
Desde 2015 señalé que la ley que regula las candidaturas independientes viola el derecho de participación política por no apegarse a los principios de derechos humanos y por establecer requisitos y restricciones irrazonables y desproporcionadas. Por este motivo presenté en septiembre de 2015 una iniciativa que modificaba la Ley electoral incluyendo las sentencias que había emitido el Tribunal Electoral en las que ampliaba el derecho; igualmente en febrero de 2016 presenté iniciativa de reforma constitucional al artículo 35, fracción II, incluyendo que el derecho a ser votado debe regirse por principios de derechos humanos.
Estas iniciativas murieron en la congeladora parlamentaria porque los partidos políticos no quisieron ampliar este derecho humano. Cabe mencionar que el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral que emitiera la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) señala que para la presentación de candidaturas “la ley no debería exigir las firmas de más del 1% del electorado en cuestión”.
Por esto cuando Jorge Castañeda arrancó por todo el país con su discurso de que debería haber un solo candidato independiente a la presidencia de la República (implícitamente quería ser el) yo declaré que lo urgente era modificar la Ley porque si no, no tendríamos ninguno, por lo restrictivo de la Ley, y hoy lo estamos viendo.
Los opinologos señalan que las candidaturas independientes no prenden, que la gente no quiere darles la firma i que la APP defectuosa es solo un pretexto, ¡no! Déjenme decirles que soy de los mexicanos que saben más sobre candidaturas sin partido, y lo soy porque estuve en la lucha política y jurídica por la conquista de este derecho, y además he sido candidato. Conozco la teoría y la práctica.
El INE ha actuado dolosamente en el diseño de los tiempos electorales de recabado de firmas y de veda electoral. Igualmente lo ha hecho con la APP defectuosa porque es increíble que con la tecnología existente falle tanto 60-70% de las veces, haciéndolo lento.
Además, la implementación de la APP como obligación, y no opcional, es discriminatorio porque excluye a todos aquellos ciudadanos que quieren colaborar como auxiliares y sus equipos telefónicos no son compatibles (60%) y por tanto es un requisito desproporcionado. Además la APP solicita más datos que los que exige la Ley, ya que obliga a alimentar número de emisión y el OCR, incrementando la lentitud y el margen de error (art. 383). Es evidente que el sistema se está atrincherando y tomó control del INE, del TRIFE y pretende tomar también la FEPADE.
Un principio democrático es que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a participar en los asuntos públicos y además tienen derecho a una participación efectiva. En México todavía esto no sucede, pero aun así, los ciudadanos van a imponer su voluntad como lo hicieron en 2015.
Diputado federal independiente.
@ ClouthierManuel
