6 mil 700 millones de pesos recibirán los partidos políticos para la elección federal de 2018. Esta es la cifra histórica que aprobó el Consejo General del INE, de acuerdo al cálculo que establece el artículo 41 constitucional y la ley,
Como es sabido, mañosamente los partidos políticos, a través de sus diputados, insertaron en la Constitución la fórmula para calcular el monto a repartir a los partidos en sus tres modalidades (gasto ordinario o burocrático, gasto electoral, y gasto para fines específicos). Este importe se calcula multiplicando el número total de empadronados por el 0.65 de la unidad de medida (antes salario mínimo). Con esta fórmula todos los años crece el recurso público a los partidos, porque todos los años crece el número de empadronados.
De estos 6 mil 700 millones de pesos, mil 689 millones corresponden al PRI, y 43 millones serán el importe que se repartirá entre todos los candidatos independientes que logren registro en la elección federal.
Además, a este monto de los 6 mil 700 millones de pesos hay que sumarle el presupuesto que recibirán de los institutos electorales estatales donde habrá elecciones locales, por lo que según cálculos el importe total que recibirán los partidos políticos para gastar en 2018 es de 11 mil 900 millones de pesos.
Pero este no es todo el botín partidista, también está el recurso que reciben en la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios y por eso los estatutos partidistas establecen que a los coordinadores no los nombran los diputados del partido correspondiente, sino que son nombrados por los presidentes nacionales de los partidos políticos. Estos recursos de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la de Senadores son una caja negra porque no se comprueba su gasto.
Ya en los últimos años la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones sobre la falta de transparencia y la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos que se asignan a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y sin embargo ambas Cámaras se han hecho de oídos sordos ante estos señalamientos.
Si bien es cierto que parte de estos recursos se utilizan en la operación legislativa de los grupos parlamentarios, también es cierto que parte de éstos se utilizan para comprar la disciplina partidista en las decisiones legislativas, a través de premios y castigos económicos a sus diputados.
El grado de discrecionalidad y falta de rendición de cuentas es tal que también algo de ese recurso se desvía para fines personales de los coordinadores, otra parte a los partidos y otro a fines electorales; y quién sabe qué otras cosas más, porque finalmente no se informa sobre cómo se usó ese dinero.
Ante la denuncia de los recursos extraordinarios que se auto asignaron los diputados federales, incluyendo el bono navideño, y la presión de los ciudadanos exigiendo que informaran sobre cómo habían aplicado esos recursos los diputados, el Comité de Administración, órgano coadyuvante de la Jucopo, acordó que los diputados teníamos obligación de comprobar los recursos que recibiríamos por concepto de asistencia legislativa, para atención ciudadana y para transporte.
Hoy pues, los diputados federales comprobamos los gastos por dichos conceptos, sin embargo esto se hace por un acuerdo de la Jucopo a través del Comité de Administración, cuando esta comprobación debería ser por ley y una obligación legal que elimine la discrecionalidad con que cada Legislatura maneja los recursos de la Cámara.
El principio de Derecho sostiene que “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”, por tanto es incorrecto del Comité de Administración y de la Jucopo que solamente los diputados estemos obligados a comprobar los gastos, y los grupos parlamentarios sigan siendo una caja negra que no informa el uso de los cuantiosos recursos que reciben. Los grupos parlamentarios deben transparentar e informar sobre sus gastos, lo deben hacer igual por ley, la razón es que son los mismos recursos públicos.
Diputado federal independiente.
@ ClouthierManuel
