El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1º de diciembre, reafirmó su coherencia ético-política: “la política económica neoliberal ha sido un desastre”; presentó proyectos para “establecer el Estado de Bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social… el Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno… El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo… al servicio de una minoría rapaz. La separación del poder político del poder económico… Representará a ricos y pobres,… a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico estado de Derecho”. Presentó sus 100 compromisos, agenda de programas prioritarios en los que todas las instituciones del gobierno y la administración pública estarán al servicio de la población, a la que no abandonará, como los neoliberales que dejaron todo en manos de la supuesta “sociedad civil”, una red organizada de representantes de la oligarquía que ha privatizado las funciones y recursos del Estado.
Las responsabilidades del Estado como garante del bienestar y la justicia social tienen su antecedente de las luchas sociales y populares del siglo XIX frente a un capitalismo sin contrapeso estatal. El Diccionario de Bobbio describe: “un conflicto fundamental, por un parte, el mercado… que exige la no intervención del Estado y, por otra parte, el valor de la igualdad, postula que el Estado debe asumir la carga de eliminar todos los obstáculos que objetivamente impiden a los ciudadanos… gozar de los derechos políticos y sociales formalmente reconocidos… el Estado con deber ético-político de crear una envoltura institucional en el cual ellos estén adecuadamente protegidos de las perturbaciones que caracterizan la… economía capitalista... El desarrollo económico regulado… también, y en ciertos casos sobre todo, por las intervenciones económicas y sociales del Estado… El Estado de Bienestar… el único que puede mantener el equilibrio económico general al tiempo de perseguir como fines la justicia social… Es necesario institucionalizar el principio de la protección social”. Para ello es necesario que el Estado regule los intereses del poder económico. Rodrigo Borja (Enciclopedia de la Política) precisa: “la justicia social postula la necesidad de organizar la sociedad con arreglo a criterios equitativos en la distribución de los bienes y de lo que éstos producen,… que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a ellos... La remuneración por el trabajo, el acceso a la educación y la cultura, la seguridad social, la distribución de la renta, la participación en el usufructo de los bienes y servicios que se producen con el esfuerzo colectivo, la participación en el desarrollo social… La justicia social no obedece a género de filantropía… deben ser las leyes y la autoridad pública las que les fuercen a considerar el interés de los demás… es un valor forjado por la ley y respaldado por la autoridad política”. Este proceso sucedió en México en el tránsito a la Revolución Mexicana, consolidado en la Constitución.
Los programas prioritarios de la Cuarta Transformación tienen todos como objetivo la justicia y bienestar social. La popularidad creciente del Presidente fortalece su legitimidad democrática frente a los rabiosos ataques de la oligarquía beneficiada por el régimen neoliberal a lo largo de las casi dos décadas de la supuesta transición democrática, que no fue otra cosa que el desmantelamiento del Estado nacional. Por eso, la oligarquía ha atacado al movimiento popular nacional que representa el Presidente. La avaricia de esa oligarquía les impide ver que esta revolución pacífica transcenderá en el tiempo.
Exsenador y titular de CFE