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El Presidente de la República decidió enfrentar contundentemente el robo de gasolina, bautizado como huachicoleo. Con una investigación inicial y el cierre de algunos ductos, inició una estrategia profunda para erradicar el problema. Comentaristas en medios de comunicación y otros críticos políticos atacaron la decisión gubernamental, argumentando “falta de estrategia”, “desabasto de gasolina”, “información insuficiente”, “por reducir la importación de gasolinas”; frente a la tragedia de la explosión del ducto en Hidalgo: “se podía haber evitado”, “tardaron en reaccionar”, “debe castigarse a responsables”, o simplemente criminalizan a las víctimas; críticas banales ante un problema de enormes magnitudes, un robo, como reporta la Unidad de Investigación Financiera del SAT, de casi 65 mil millones de pesos anuales, más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes, relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados en el sistema financiero mexicano, en el que participan empresarios, servidores públicos, ex funcionarios de Pemex, políticos locales. Y ante la exigencia de castigar a responsables, se han procesado a tres altos funcionarios de Pemex encargados del manejo de los ductos. Se han integrado 1,700 carpetas y el Ejército y la Policía Federal aseguraron 4.5 millones de barriles de petróleo. Se descubre un sistema de distribución de gasolina (¡robada!), mercado negro equivalente a 600 pipas diarias que sale de Pemex, con la connivencia de funcionarios… crimen organizado. Se suman a este brutal desorden, habitantes de comunidades en pobreza auténtica, desesperados por sacar algún provecho (Tlahuelilpan, Hidalgo). Es el resultado de la evidente responsabilidad formal de todos los presidentes que dejaron crecer el huachicoleo, ninguno de ellos puede eludir su responsabilidad: o fueron responsables embozados o cómplices en un imperdonable abandono del Estado de derecho, de su responsabilidad de vigilar instituciones, situación que el presidente López Obrador lucha por revertir.
Correspondiendo a su compromiso de erradicar la corrupción e impunidad estructural desde su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador, en particular con este tema, como lo señaló en mayo de 2018, en Puebla: “así como existen los huachicoleros de abajo, están los huachicoleros de arriba. Me voy a encargar de que no haya huachicol”. Esta lucha frontal del gobierno ha sacado a la superficie un problema en el corazón del tema estratégico de la distribución de combustibles, responsabilidad pública en manos de criminales, un evidente sometimiento de la Nación (con sus ciudadanos) al crimen organizado. El presidente López Obrador, consciente de la dificultad que implica para la sociedad y que impacta el mercado mismo de energía y más allá de sacrificios personales, está atacando directamente este cáncer que ha corrompido empresarios, instituciones, funcionarios, pueblos, comunidades; que significa la destrucción misma del Estado por la magnitud vista.
La pérdida de cohesión social lleva a la implosión de los Estados, como propuso Stephen Kotkin, profesor de historia contemporánea de Princeton, sobre la caída de la Unión Soviética y los países del bloque, como inevitable, básicamente porque los dirigentes perdieron sus principios y valores, y se apoderaron de los bienes estatales en beneficio personal, con codicia generalizada. Hay numerosos ejemplos de “Estados fallidos” que pierden su cohesión, dejando a sus poblaciones a merced de la codicia externa e interna. Esta lucha formidable de Andrés Manuel López Obrador para erradicar la corrupción del país, determinada frente los ataques mediáticos de conservadores rabiosos y beneficiarios de esta descomposición social y moral de las autoridades de país, que siempre buscan pretextos: “molestia social”, “largas filas”, “desabasto”. La mayor parte de la ciudadanía ha manifestado, en diversas encuestas y sondeos, su apoyo creciente al presidente López Obrador. La estrategia seguirá, México lo requiere.
Ex senador
