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El 11 de febrero pasado, en la conferencia mañanera presidencial, habiéndose discutido en días previos el tema de Felipe Calderón como promotor y beneficiario de las privatizaciones, me permití mencionar a ciertos personajes que han seguido caminos similares. Dije: “en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno… una combinación entre sectores privados y estas antiguas autoridades, que ha generado… que la Comisión Federal de Electricidad, ... se haya reducido a una empresa que genera nada más el 50%”, lo que habremos de revertir. Mencioné algunos nombres de esos altos funcionarios vinculados al sector energético que pasaron a trabajar en favor de empresas beneficiadas con la privatización de ese sector. De inmediato vino una virulenta reacción en defensa de estos humildes exfuncionarios: editoriales, comentaristas, programas especializados, incluso algunas indignadas cartas de algunos de estos honorables exfuncionarios, con reclamaciones diversas. Algunos demandaron precisión: “acusación y denostación moral sin pruebas”; “utilizó datos equivocados”; “débiles las acusaciones”; “las expectativas… resultaron frustrantes”; “el Presidente tuvo que pagar el costo de estar mal informado por la información incorrecta que usó Bartlett”; “Premio Limón Agrio para Bartlett, por sus infundadas acusaciones”; “en ningún caso ofreció pruebas”. Otros descalificaron la lista, intentado descalificarme difamándome: “ha vivido en la opulencia del político”; “lleva 25 años refunfuñando”; “nunca criticó en público (a Salinas), lo cual es falso”; “expriista lanzó insostenibles imputaciones”. Los más burdos acudieron a señalamientos directos: “Bartlett Díaz, personaje siniestro en la política mexicana”; “AMLO le dio chamba a Bartlett de golpeador político. Es su porro. Tiene experiencia”; “se sirve de un hombre desvergonzado y sin prestigio para dar lectura al nombre de los infames”. Los agrios defensores desvían el tema en cuestión, yo sólo dije que fueron funcionarios y, luego, pasaron al sector privado.
La defensa orquestada, rabiosa, evidencia los intereses que representan los exfuncionarios ofendidos y sus defensores; los intereses de los beneficiarios de la privatización de la electricidad, de la energía y, en general, de todo el sector público. Defienden sus intereses económico-políticos, oligárquicos, de clase, ¡de casta!, en términos de la Real Academia de la Lengua: “linaje… en algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión”. En la Colonia española hubo en Nueva España todo un sistema de castas, que implicaba un sistema de estratificación social, de discriminación racista, vinculados incluso al concepto de honor, como lo señala el hispanista británico, Kamen. Esto no desapareció en el México Independiente, como lo demuestra la “Guerra de Castas” durante toda la segunda mitad del siglo XIX en Yucatán, donde dicen “un reducido grupo de empresarios criollos, asociados con ‘trusts’ extranjeros, dominaba en el gobierno, en los bancos, en los ferrocarriles, en educación, en beneficencia, y hasta en las fiestas de sociedad. El que no pertenecía a la casta estaba condenado a ser excluido de todo” (Sauri y Sierra). La misma casta que enfrentó el general revolucionario Salvador Alvarado, cuando gobernó Yucatán, y los definió: “reaccionarios, casta privilegiada, casta divina... no podía permitir ya que unos cuantos, considerándose los asistidos de una especie de derecho divino, vivieran del trabajo de los demás y guardaran para ellos una existencia egoísta de acaparamiento y de placeres, de soberbia de casta y de privilegio de sangre..." (Mi actuación revolucionaria en Yucatán). Esta casta divina reclama que no se venera su nombre, en la tónica del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, de Carreño, del siglo XIX, ¿cómo se atreven plebeyos a tocar siquiera con el pétalo de una rosa a su casta divina?
Exsenador y titular de la CFE
