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Poco se ha informado, de manera oficial, de los términos en que se llegó al “entendimiento” con Estados Unidos en vías de renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, por las filtraciones de las agencias de noticias, se puede saber que en el tema más controvertido, el de la industria automotriz, al parecer los acuerdos fueron que se establece una cuota máxima de 2.4 millones de unidades para nuestras exportaciones de vehículos y de 90 mil millones de dólares para las piezas o autopartes. O sea que sí se establecen cuotas, cuando se había insistido en que no se aceptarían, y además esa cuota no representa un margen amplio para el crecimiento, pues ya en 2017, por ejemplo, los autos exportados desde México sumaron un millón 800 mil.
Lo peor, sin embargo, es que Estados Unidos se reserva el derecho de decidir, echando mano de una ley establecida durante la etapa de la Guerra Fría, si las importaciones automotrices representan un riesgo para la seguridad nacional de ese país, en cuyo caso establecería aranceles del 25 por ciento. (El porcentaje preferido de Trump) a las exportaciones de México.
En lo que atañe a las normas de origen, otro de los rubros más debatidos, el acuerdo establece que para gozar de los bajos aranceles correspondientes a “nación más favorecida” los vehículos tienen que contener un 75 por ciento de partes originarias de la región y en caso de no cumplirse con este requisito, se impondrían aranceles otra vez del 25 por ciento. Hay que señalar que esta norma está enfocada contra las automotrices provenientes de Europa y Asía, en especial contra Nissan y Volkswagen.
El otro aspecto relevante, es que se acordó que para que los vehículos exportados desde México cubran sólo el 2.5 por ciento de arancel, tienen que haber sido producidos en un 40 ó 45 por ciento, por trabajadores que ganen más de 15 dólares la hora. Como se recordará, los representantes de Trump plantearon desde un principio que debían elevarse los salarios en México, pues todo mundo sabe que desde hace décadas el único argumento de competitividad de nuestro país en el mercado internacional es lo que se llama la baratura de la fuerza de trabajo (que quiere decir salarios de hambre para nuestros trabajadores). A ese planteamiento, los negociadores mexicanos respondieron en aquel momento que se trataba de un tema innegociable, que los salarios en México no se discutían. Con la incorporación del representante de López Obrador, la actitud cambió y ahora se incluye lo que significaría un alza de los salarios, por lo menos para un sector de los trabajadores mexicanos.
En un sentido general, hay que decir que al revés de lo que ha reiterado el Presidente Trump, el TLCAN no sólo no ha beneficiado más a México, sino que lo ha perjudicado en la medida que ha impulsado la libre entrada del capital externo, que a su vez ha provocado una extranjerización de la planta productiva que significa en el corto o largo plazo una descapitalización de México por la remisión de utilidades de las sucursales establecidas en nuestro país a sus países de origen, en especial a Estados Unidos, que es de donde proviene la mayor parte de la inversión extranjera.
En cuanto a las exportaciones, que en efecto han aumentado, es un hecho que alrededor del 80 por ciento de las exportaciones de manufacturas desde México, son hechas por empresas extranjeras. Basta observar a la industria automotriz, para concluir que no hay ninguna armadora nacional, todas son extranjeras, y en la rama de autopartes las compañías mexicanas tampoco ocupan un lugar importante. Eso es lo que parece ignorar Trump y ésa es la razón que explica que hayan sido precisamente las grandes empresas estadounidenses las que hayan presionado para que se firmara el “entendimiento” que les permitirá seguir usando a México como plataforma de exportación y continuar aprovechando la baratura de la fuerza de trabajo mexicana para acumular ganancias.
