Aunque me gustaría comentar los discursos y las ceremonias del presidente López Obrador en el Congreso y en el Zócalo, así como su significación simbólica, es tal la avalancha de iniciativas de ley, decisiones y acciones del nuevo régimen, que intentaré únicamente comentar las que me parecen más destacables. Lo más importante es el compromiso, asumido explícitamente por López Obrador de que nunca utilizará la fuerza pública para reprimir al pueblo. En este mismo camino se ubica la decisión anunciada por Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de desaparecer el cuerpo de granaderos. Por supuesto, ahora que se cumplieron 50 años del movimiento estudiantil de 1968, viene a la memoria que dos de las exigencias del pliego petitorio, que nunca se cumplieron, eran precisamente el alto a la represión y la disolución del cuerpo de granaderos.
En un terreno más general, destaca la crítica al neoliberalismo y sus políticas aplicadas en México desde 1982. En ese proceso, las reformas estructurales fueron un instrumento fundamental y de ellas, las que me parecen más graves son la reforma laboral, la energética y la educativa.
En lo que atañe a la reforma educativa, López Obrador ha señalado reiteradamente que se eliminará, lo cual significa, desde luego, atender la demanda fundamental de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE), es decir de los maestros democráticos que tuvieron que luchar durante años por esa demanda. Falta, sin embargo, corregir también lo que he llamado “la reforma silenciosa”, es decir, la que se refiere a los cambios en los programas de estudio, donde se han mutilado las humanidades, se han simplificado los contenidos, se ha implantado una visión gerencial de la educación y se orienta a generar trabajadores aptos para la producción, pero sin acceso al pensamiento abstracto, ni a la formación personal ni al enriquecimiento cultural.
En cuanto a la reforma energética, que significó la enajenación del recurso natural más importante del país, la realidad es que el desastre en que se encuentran la CFE y Pemex es difícil de revertir, puesto que no sólo hay contratos y concesiones en operación, sino gigantescas deudas y multiplicidad de problemas administrativos, de corrupción y de delincuencia, como en el caso de los huachicoleros. Aquí, pues, no puede plantearse la abrogación de la reforma energética, pero en cambio lo que se propone es el rescate de las empresas energéticas. Tres son las líneas que me parecen más importantes: el aumento del presupuesto para permitir la inversión, el detener la entrega a la iniciativa privada nacional y extranjera, y la construcción de obras como centrales eléctricas y la rehabilitación de las refinerías y construcción de una nueva.
La reforma laboral, en cambio, no ha recibido atención del nuevo régimen, y es urgente su modificación, porque tanto el outsourcing, como los contratos temporales y por obra determinada, así como las limitaciones a las huelgas y la intromisión en los sindicatos han dejado a los trabajadores en la indefensión.
En el terreno ecológico, tres políticas me parecen significativas: la negativa a utilizar el fracking, así como a la privatización del agua y al empleo de los transgénicos.
Estamos, sin embargo, en el inicio de la administración del presidente López Obrador y no sólo falta la concreción de las políticas, sino es evidente que el viejo régimen se niega a morir y que defenderá a capa y espada sus privilegios.
Profesora de la Facultad de Economía
Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura
Económica, Política y Social. caceps@gmail.com