«… todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites.Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder…» Montesquieu
Se ha querido posicionar un falso discurso de que los juzgadores federales somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público.
Para ello se han señalado cantidades excesivas, se ha dicho que percibimos más de seiscientos mil pesos mensuales, que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como único foco de interés un mero asunto de salarios.
Todo para desviar la atención de que se quiere socavar la independencia de los juzgadores debilitar el principio de división de poderes, debido a los riesgos y amenazas derivadas de diversas leyes e iniciativas de ley (no sólo la de remuneraciones) que podrían minar nuestra autonomía institucional y personal, puesto que pretenden cambiar las reglas del funcionamiento de frenos y contrapesos entre los poderes públicos en nuestro país.
La alta misión de los juzgadores federales consiste en salvaguardar los Derechos Humanos frente a los actos arbitrarios de las autoridades, principalmente a través del amparo.
Es importante señalar que la independencia judicial no es un derecho ni un privilegio de los jueces, sino que es una condición necesaria para que estén en condiciones de conocer, decidir y resolver los casos que se le presenten únicamente conforme a la ley, sin presiones, ni injerencias o influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema político y social, o de las partes en los procesos sometidos a su potestad.
Como institución humana el Poder Judicial de la Federación es perfectible, por lo que reconocemos la conveniencia de revisar nuestras normas, nuestras prácticas y los recursos de los que disponemos, pero esto debe hacerse también en forma autónoma e independiente, como le corresponde por ser uno de los Poderes de la Unión y con la responsabilidad que se tiene frente al Estado de Derecho.
Por eso hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente de cara ante la sociedad, para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y hacer viva la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo de guardar y hacer guardar a nuestra Constitución, en beneficio del pueblo y sus derechos fundamentales.
Como juzgadores de carrera, formados tras años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, designados por méritos propios, tenemos el compromiso y estamos obligados a cumplir y hacer cumplir “el imperio de la ley”.
A ello hemos entregado nuestras vidas y diariamente con nuestras resoluciones hacemos valer los derechos humanos de las personas contra actos arbitrarios de las autoridades, lo suele “incomodar” a algunas autoridades.
Defendemos la inamovilidad y la certeza en las adscripciones, como requisitos reconocidos internacionalmente para hacer efectiva la independencia judicial, junto con otras garantías, como un salario acorde a la responsabilidad de resolver los asuntos más delicados que podrían afectar a cualquier persona y a cualquier institución o poder público.
El juzgador debe ser silencioso y prudente en su vida pública. Sin embargo, estamos hoy aquí, de manera inédita, como Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, refrendando nuestro compromiso con la Ley y la Constitución, ejerciendo nuestros derechos, todo dentro de los cauces de la legalidad y la institucionalidad.
En estos momentos de la vida del país, resultan pertinentes las palabras que el Generalísimo Morelos, dirigió al pueblo: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.
Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación