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Nuestro sistema constitucional no puede depositar la garantía de los derechos en órganos o estructuras militares. Asumir que la vigencia del derecho sólo será posible a través de la fuerza lleva implícito el riesgo de reducir la utilidad de las normas e instituciones civiles a un papel marginal, vulnerando con ello la esencia misma de nuestro Estado democrático, cuya consolidación ha derivado, en buena medida, de la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares, condiciones necesarias para preservar un Estado liberal y garantizar que la institucionalidad civil no se condicione a intereses ajenos a la misma o sea viciada por la amenaza del recurso de la fuerza.
Las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados con motivo de la propuesta de reforma constitucional a la Guardia Nacional (GN), evidenciaron un consenso sobre la necesidad de no entregar la seguridad pública a mandos y estructuras militares, así como lograr que se depuren y fortalezcan las policías civiles. Si bien se temía que las referidas audiencias fueran un nuevo acto de simulación, se ha anunciado la intención de reformular la propuesta para que la GN deje de estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y tenga un mando civil al integrarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuestión que se saluda y reconoce, pero que debe completarse para superar todas las observaciones hechas a tal proyecto.
No se conocen detalles concretos de la nueva propuesta de reforma, pero es claro que de manera adicional al tipo de mando, se tendrán que contemplar, entre otras cosas, cuestiones específicas sobre el perfil y capacitación que tengan sus miembros, los criterios operativos y de uso de la fuerza que aplicarán, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas a que estarán sujetos, el hecho de que no tendrán a su cargo la investigación de delitos, así como el destino que tendrán las policías civiles actualmente en operación y su eventual interacción con la GN.
Por años no hemos emprendido la revisión de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia bajo el enfoque integral, multidisciplinario y multidimensional requerido para construir un esquema de seguridad pública que, reconociendo la necesidad temporal y extraordinaria de que participen las Fuerzas Armadas, prevea una ruta para corregir las deficiencias y fortalecer a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, para que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Junto a los aspectos institucionales, es preciso que la agenda pública empiece a abordar los temas sustantivos que inciden transversalmente en la inseguridad y violencia, como lo son las políticas de drogas o el tráfico de armas. No sólo hay que precisar quien curará la enfermedad, hay que atender y prevenir sus causas.
Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH)
