Esta semana se llevó a cabo el II Foro Internacional para el Intercambio de Experiencias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, organizado por la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana (Segob), la agencia Mexicana de Cooperación Internacional (SRE) y la Unión Europea (UE). Durante la plenaria surgió la pregunta: ¿Y qué sucederá con esta política en el próximo gobierno? Los expertos del panel enmudecieron. No había nadie en la sala que conociera la repuesta o que hablara por el próximo gobierno.
El delito y la violencia son los pilares de la inseguridad. En el enfoque tradicional, combatirlos es responsabilidad de los policías —en el caso de México también de los militares— que deben perseguir a los criminales y mantener el orden y la paz públicas. Este enfoque no atiende el carácter multicausal de la violencia y el delito. ¿Es el crimen organizado el responsable de la violencia intrafamiliar y la violencia de género? ¿Del desconcierto e impotencia de millones de jóvenes sin escuela y empleo, germen potencial de la violencia y el delito?
Los modelos de seguridad pública que han mostrado mayor efectividad privilegian la prevención sobre la reacción y otorgan cada vez mayor atención, recursos y personal a la prevención social. En México el presupuesto para este rubro no ha pasado del 1% del presupuesto de seguridad.
En 2012 se aprobó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En 2013 se creó en Segob la Subsecretaria de Prevención Social y Participación Ciudadana. El Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), es su principal herramienta, con 2 mil 600 millones de pesos para apoyar intervenciones sociales en municipios de alto riesgo. Con ello México se movía hacia un enfoque integral de la seguridad pública con un marco jurídico, estructura institucional, programas y presupuesto. Agencias internacionales, organizaciones sociales y comunitarias, dieron la bienvenida y se sumaron al esfuerzo.
En 2015, sin mediar explicación, el presupuesto de Pronapred para 2016 se redujo a cero. La continuidad del esfuerzo y las inercias positivas generadas se vieron truncadas. Ciertamente la implementación de esta política, al ser novedad, debió enfrentar distintos problemas. En lo institucional, la duplicidad de instancias, al existir en paralelo un Centro Nacional de Prevención del Delito, dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estructura paralela a Segob. En la implementación, la entrega más que tardía de los recursos por parte de la SHCP y el tortuguismo burocrático. En los estados y municipios, la ausencia de cultura de la prevención y de organizaciones con capacidad y experiencia para ejecutar los programas y, lo más importante, la usencia de convergencia entre el trabajo de las fuerzas del orden y los responsables de la prevención social. Políticas paralelas con pocos puntos de encuentro.
La política y la estrategia están en la dirección correcta. No hubo tiempo de ajustar y consolidar. Para 2017 se asignaron a Pronapred 300 millones de pesos, 11% de su presupuesto original, quizás para salvar cara, pues de otra manera hubieran enterrado la política de prevención social.
Paradójicamente, en el foro en mención, se anunció el lanzamiento del Mecanismo Regional de Cooperación para la Prevención Social (Mercops), promovido por México, conjuntamente con El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, con quienes se ha trabajado en los últimos cinco años. Un logro a contracorriente. El problema no es sólo de México.
Quienes estuvimos presentes en el foro: funcionarios, académicos, organizaciones sociales, representantes de otros países y de agencias internacionales, reiteramos la pregunta ¿qué sucederá con las políticas de prevención social? ¿en dónde quedarán? ¿desaparecerán los programas? Espero que nos den al menos algún indicio de respuesta antes del 1 de diciembre.
Consultor en temas de seguridad y política exterior.
lherrera@ coppan.com