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En días pasados tuvo lugar en la CDMX el Seminario Interdisciplinario de Políticas de Atención a Personas Migrantes, organizado por la Fundación VIDANTA, el Colegio de México, la UNAM y el CIDE, en el que participaron especialistas de Estados Unidos, México y Centroamérica.
Lo primero que llama la atención es la masa crítica de investigadores de la región que han dedicado décadas de trabajo a entender y explicar el fenómeno, lo que ha generado un enorme cúmulo de conocimiento desde la perspectiva de los países expulsores, de tránsito y recepción, así como en torno a las regulaciones, condiciones y atribulaciones de los flujos migratorios —en particular indocumentados— al cruzar las fronteras políticas. Análisis e información más que suficientes para esbozar un diagnóstico claro y sustentado sobre la problemática migratoria, nacional y regional.
Entre las informadas y articuladas presentaciones destaca el bajo alcance de los flujos migratorios legales, seguros y ordenados, planteado en el histórico documento México ante la Migración (2004). Los principales obstáculos han surgido en Estados Unidos, aunque los especialistas no omiten señalar la parte de corresponsabilidad de los países expulsores y de tránsito.
En Estados Unidos los obstáculos para avanzar en una nueva legislación migratoria han sido recurrentes. El avance del proceso se vio entrampado a partir de 2001, cuando los atentados terroristas provocaron el surgimiento de nuevos paradigmas de seguridad que llevaron a estrechar la vigilancia de las fronteras y rigidizar los términos de ingreso de extranjeros.
Aunque es un hecho que la migración de mexicanos a EU ha disminuido en forma notable en los últimos años —por diversas razones—, no así la emigración de centroamericanos que transitan por México para alcanzar el país del norte. Esto por causas diversas, como la violencia y la inseguridad, las condiciones socioeconómicas y los desastres naturales en sus países de origen. Este tránsito representa la manifestación más palpable del carácter regional del fenómeno.
Los flujos de los que hablamos —que no comprenden el refugio y el asilo— se originan esencialmente en factores socioeconómicos: empleos, ingresos y calidad de vida que los migrantes no encuentran en sus lugares de origen. En este contexto, el arribo de un presidente aislacionista, proteccionista y antiinmigrante en Estados Unidos ha complicado aún más las cosas, aunque no por ello han cambiado las tendencias de los flujos y de las políticas restrictivas.
Cuando la política rebasa la lógica económica aparecen las contradicciones. A guisa de ejemplo están los 741 mil dreamers, los niños que llegaron indocumentados, de los cuales ahora 87% tiene empleo. Los detractores de DACA argumentan que el costo de sus 12 años de educación ha sido excesivo, alrededor de 9.3 billones de dólares. Pero omiten decir que su aportación al PIB en los próximos diez años será de 433 billones, más 24.5 billones en aportaciones al Social Security, según indica la organización Hispanicwealth. La lógica política contradice la lógica económica, su principal preocupación.
Ahora, más que nunca, las probabilidades de tratar el fenómeno con una visión regional se ven más remotas que nunca. La cooperación regional se dificulta cuando no existe la voluntad política. En este contexto, es indiscutible el valor del conocimiento de quienes se han dedicado a estudiar y reflexionar el tema para reformular la posición de México, con una visión que considere la migración como capital económico y social, como una inversión y no como un problema, como un factor de cohesión regional y como la base de esquemas que sienten las bases para flujos seguros, legales y ordenados en el futuro. Enhorabuena por estos esfuerzos.
Consultor en temas de seguridad y política exterior.
lherrera@ coppan.com