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Hasta hace poco tiempo en México las políticas públicas se traducían en planes de gobierno con diagnóstico, estrategia, objetivos y líneas de acción. Esa metodología ha quedado atrás. Prueba de ello, el recién anunciado Plan de Seguridad Pública 2018-2024.
Los primeros siete —de los ocho incisos del plan— parecen más reflexiones sociológicas sobre la turbulenta realidad mexicana que un plan de seguridad pública. La excepción es el inciso 8, que introduce el único componente inequívoco del plan: la seguridad pública pasa del mando civil al mando militar.
En este punto no hay ambigüedades. A partir del primero de diciembre la seguridad pública del país estará a cargo de la Guardia Nacional, nueva corporación inscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. No se plantea como una situación temporal debido a las insuficiencias de las corporaciones civiles de los tres órdenes de gobierno ni como un proceso paralelo al robustecimiento de las policías estatales y municipales, que apenas se mencionan. Se presenta como una política clara y contundente del nuevo gobierno: el mando institucional y operativo de la seguridad pública corresponde ahora a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Difícil soslayar una pregunta: ¿para qué se tomaron la molestia de revivir la fallida Secretaria de Seguridad Pública si no tendrá ninguna responsabilidad operativa? ¿Para profundizar en las reflexiones sociológicas sobre la turbulenta realidad mexicana?
En el documento se señala “si el Ejército y la Marina han experimentado desgaste y pérdida de confianza entre algunos sectores de la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil de participar en acciones represivas o en funciones policiales para las cuales estas instituciones no han sido facultadas ni capacitadas”. ¿Significa entonces que ahora ya están capacitadas? ¿y que sin el yugo del mando civil podrán realizar adecuadamente las tareas de seguridad pública?
Como corolario lógico, a partir del 1 de diciembre, los muertos, desaparecidos y la incontable relación de delitos registrados y conocidos estarán en el déficit de las Fuerzas Armadas que, como responsables de la seguridad pública, deberán dar cuenta del estado de cosas, avances y fracasos a los mexicanos, pues ni la Segob ni la nueva Secretaria de Seguridad Pública (SSPYPC) serán los responsables, a menos que la flamante SSPYPC se convierta en la oficina de comunicación social de los militares.
Lo que no menciona el próximo titular de la SSPYPC es que en todos los países en los que funciona la seguridad pública ésta se basa en la fortaleza de las policías locales con mandos civiles y que ni siquiera en China o en Rusia las policías están bajo mandos militares. Ahora el presidente pone sobre los hombros de nuestras Fuerzas Armadas una responsabilidad para la que efectivamente no están preparadas, pero por la que en adelante deberán responder. ¿Se sienten cómodos nuestros militares con este golpe de timón? ¿De quién fue la idea?
Es curioso que en el inicio del documento se critique a las anteriores administraciones por haber privilegiado el uso de la fuerza para manejar el tema de la seguridad pública y que la conclusión sea otorgar a las Fuerzas Armadas su control. Mas que transformación esto suena a involución. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que en su momento suscitó un gran debate, entre otras cosas, debido a la ampliación de facultades de los militares en el ámbito de la seguridad pública estatal y municipal. Con las nuevas disposiciones el tema queda resuelto. Las Fuerzas Armadas tendrán el mando permanente e irrestricto en materia de seguridad pública en todo el territorio nacional. No habrá extralimitación, pues esas son ahora sus funciones.
Consultor en temas de seguridad
y política exterior.
lherrera@ coppan.com
