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El pasado 1 de junio, Mariano Rajoy, presidente de España, debió dejar su cargo como resultado de una moción de censura —180 diputados a favor, 169 en contra y una abstención—, ocho días después de que su partido fue encontrado culpable de corrupción en el juicio del caso Gürtel. Una acusación seria de corrupción llevó finalmente a la dimisión del presidente, por cierto, hecho inédito en España.
El caso Odebrecht constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Dejó varias cabezas en su estela destructora, la de la presidenta Dilma Rousseff y su correligionario Lula da Silva, dos ex presidentes en Perú, un ex presidente en Panamá y otro en El Salvador. En México, a pesar de que el artífice de este tinglado también traicionó a sus socios, nada sucedió. El blindaje de las altas esferas del gobierno federal parece impenetrable. Jamás hemos visto a un miembro del gabinete del gobierno federal, ya no se diga en la cárcel, ni siquiera acusado formalmente. La familia presidencial, hasta ahora, ha sido intocable.
Resulta muy preocupante escuchar la narrativa de los candidatos sobre corrupción, cuando todos han abrevado de ella. La colocan como su principal preocupación, pero sus antecedentes descalifican su discurso. Uno de ellos pretende, con certificados de pureza a título individual, difuminar el hecho de haber sido el funcionario encargado de las finanzas de un gobierno federal considerado por muchos el más corrupto del México moderno. Otro candidato se desgarra las vestiduras con el tema, cuando todos vimos a sus más cercanos colaboradores atiborrarse las bolsas de billetes o dilapidar el erario en los casinos de Las Vegas. El tercer candidato competitivo se desgañita acusando a los otros dos, cuando todos sabemos que llegó a donde está gracias a las jugadas oscuras dentro de su partido. Con esos antecedentes, ¿usted invitaría a cualquiera de los tres a ser juez en una cruzada anticorrupción?
Los tres candidatos se presentan frente al electorado con la imagen del hombre honesto que debe gobernar el país, como si esto los desvinculara del ambiente en el que han nacido y crecido como políticos. Lo plantean como si la corrupción de un gobierno dependiera del patrimonio de un individuo, cuando el mayor porcentaje del dinero de la corrupción se diluye en enormes redes gubernamentales y no gubernamentales. En el estudio Dinero bajo la mesa, realizado por la consultoría Integralia, se estima que, por cada peso autorizado para las campañas a gobernador, operan 15 pesos adicionales de origen incierto. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Esto lo ignoran los candidatos? ¿O eso no entra en su catálogo de corrupción? ¿Cuánto del dinero de sus actuales campañas proviene de esas fuentes?
Cualquiera que llegue a la Presidencia tendrá al menos dos retos sin precedente en materia de corrupción. El primero es el diseño de una estrategia anticorrupción, que contemple todas sus aristas, de mediano y largo plazo, que suene coherente y factible. El segundo es la credibilidad y la confianza. Si alguno de los candidatos considera que su credibilidad crecerá metiendo a sus antecesores a la cárcel, como resultado de una decisión política y no como consecuencia de un proceso judicial dentro de la normalidad democrática, ya perdió la batalla. Su ganancia será efímera y eso en nada cambiará el sistema. La segunda opción es la construcción de un verdadero Estado de Derecho que no es imaginable sin un sistema judicial profesional, autónomo y eficaz. Si en todo su sexenio el próximo presidente llega exitosamente a cubrir al menos la primera fase de ese proceso, entonces pasará a la historia con el genuino agradecimiento y aprecio de los mexicanos. Hablar claro es hablar con la verdad.
Consultor en termas de seguridad y
política exterior. lherrera@coppan.com
