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Hace unos años conocí a un cazador quien me platicó que el récord mundial de piezas de caza mayor lo tenía un mexicano: más de tres mil piezas disecadas. Le pregunté a qué se dedicaba el susodicho: es proveedor de Pemex.
Medida en términos de deuda, gasto de operación y número de empleados, de las grandes petroleras mundiales, Pemex es la más ineficiente. Empresa monopólica del Estado mexicano y su principal fuente de ingresos, es también la entidad pública de la que más dinero se ha drenado en forma ilegal. La riqueza que proviene del subsuelo es del Estado y los consecutivos gobiernos, sus administradores únicos. Los escándalos de corrupción en Pemex son legendarios.
En la administración de Felipe Calderón se formó desde el Cisen una unidad especial de inteligencia para detener el huachicoleo. Sabían qué hacer y cómo hacerlo. En pocos meses se vieron resultados. También en pocos meses afloraron los titánicos obstáculos institucionales para continuar esa labor. A la entrada de la siguiente administración, esta unidad se desarticuló. Resultaba más sencillo —y productivo— incorporarse al negocio que combatirlo.
Al ser una empresa monopólica, su información también lo es. Saben perfectamente el origen, tránsito y destino de cada embarque. Los compradores, en su mayoría gasolineras y empresas, deben reportar la compra a Pemex y al SAT en tiempo real. En el mayor descaro, hasta las estimaciones de robo se hacen en Pemex con gran precisión.
Perforar un ducto, extraer el combustible y transportarlo no requiere mayor ciencia. Tampoco mayor inversión, si se considera el extraordinario margen de utilidad una vez en el negocio. Esta parte del negocio sólo requiere que la autoridad se haga de la vista gorda. La parte más complicada está en armar y articular el mercado negro de compradores. ¿Quién compra la gasolina robada? Los mismos que la compran legal: gasolineras e industrias. ¿Quién se resiste a incrementar su margen de ganancia en 100% cuando lo único que se le pide a cambio es su silencio? Para que esto funcione se requiere de la complicidad de las autoridades. De otra manera, ni gasolineros ni industriales asumirían el riesgo.
Los consumidores a granel jamás nos enteramos si el combustible que compramos es legal o ilegal, pues eso no afecta ni la calidad ni el precio oficial. Tampoco detectamos si por cada cien litros que pagamos solo recibimos 95, fraude que afecta directamente al consumidor. Con uno y otro negocio pierde el Estado y/o todos los mexicanos.
Todo esto para decir que Pemex es efectivamente la empresa a la que históricamente se le ha drenado el mayor monto de recursos públicos mediante abuso o prácticas delictivas y que esto no sería posible sin la complacencia, complicidad y/o participación, en mayor o menor grado, de mandos políticos, directivos, sindicato y operadores. Efectivamente, terminar con la corrupción en Pemex y sus redes de complicidad constituye un imperativo si la lucha contra la corrupción es un serio propósito.
La manera de hacerlo me parece preocupante. La intención la comparto, pero extirpar un tumor de ese tamaño con torpeza puede matar al paciente. Es una cirugía mayor. Cerrar ductos no es la mejor idea; las consecuencias no deseadas son impredecibles y los resultados inciertos. Existen otros caminos que implican más tiempo y trabajo de inteligencia, pero que pueden dar mayor contundencia a los resultados y derivar en el blindaje de procesos que es la única solución de largo plazo. Eso lleva tiempo. El camino está claro, el hilo de Ariadna está en Pemex y los ductos del huachicoleo también se abren y se cierran desde Pemex. La principal responsabilidad recae en el gobierno que es ahora su administrador.
Consultor en temas de seguridad y política exterior
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