Desde las profundidades de la tierra, en donde el reacomodo de las placas tectónicas provocaron terribles sismos en varias entidades del país y en su ciudad capital, con un trágico saldo de muerte y destrucción, retumbó el bramido de la bestia: ¡reimplantemos el sistema de partido dominante y la presidencia imperial!
Muy ufanos los dirigentes del PRI anunciaron que devolverán al INE los 258 millones de pesos que le restan de su financiamiento público para este año y que impulsarán reformas constitucionales para eliminarlo totalmente, a todos los partidos, en el futuro.
Acompañaron su repentina —y dudosa— conversión a la austeridad con la propuesta de acabar con los diputados y senadores de representación proporcional. Calculan que habría un ahorro de 11 mil 600 millones de pesos. Esta cantidad, más la que resultara de dar por terminado el subsidio estatal a los partidos, sumaría, según ellos, algo así como 20 mil millones. Cifra que significaría, pesitos más centavitos menos, 0.38 por ciento del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. Todo para que el supremo gobierno de la nación disponga de recursos para la atención a los damnificados y para los programas de reconstrucción. Hasta aquí nada que objetar.
Los gerifaltes tricolores, ataviados como hermanitas de la caridad y prosélitos del Ejército de Salvación, esperan con ello, de los indignados electores, en virtud de que todas las encuestas lo señalan como el partido con el mayor índice de rechazo, el olvido de sus abusos y el perdón de sus legendarias tracaladas.
El performance ciertamente empata con la fobia ciudadana a la partidocracia, pero va a resultar muy difícil que a estas alturas del sexenio el electorado crea que los animan buenas intenciones.
La gran mayoría de los mexicanos sabemos que los recursos públicos legales de los que dispone el PRI son una mínima porción de lo que en realidad gasta. Su verdadero financiamiento proviene de otra fuentes, inscritas en su ADN como partido de Estado. No le significa gran sacrificio desprenderse de lo que el INE le entrega, por el contrario, le dará pretexto para aplicar por la puerta trasera, con mayor enjundia, la aspiradora sobre los presupuestos públicos, así como el pase de la charola a los hijos, nietos y bisnietos de la familia revolucionaria, a quienes desde hace ocho décadas les hace generosa justicia la revolución. Son poseedores de consorcios empresariales, compañías monopólicas, jugosas concesiones antiguas y recientes, capaces de fondear sobradamente al partido de sus intereses.
Este complejo oligárquico partidista-empresarial forma un entramado de poderes fácticos que añora el regreso de la época de oro del partido hegemónico, sin pluralismo efectivo, sin contrapesos democráticos. El presidencialismo autoritario, con overol populista o cuello blanco neoliberal, es su paradigma.
Esta es la razón que explica la nada novedosa pretensión de acabar con la representación proporcional —los denostados plurinominales— y regresar al modelo originario de un Presidente todo poderoso con un Congreso arrodillado y obsecuente, con una oposición sin poder, simbólica, legitimadora, que a eso conducirá fatalmente la propuesta del PRI. Es, en pocas palabras, una regresión que nos retrotraerá a los tiempos de la dictadura perfecta. Lo mismo que Maduro hace en Venezuela.
Es incuestionable que el sistema de partidos de México requiere una profunda revisión. Nuestra transición democrática se frustró por la corrupción, uno de cuyos incentivos es el exceso de recursos. Pero, reinstaurar los fundamentos de lo que fue la dictablanda-democradura, como lo propone el PRI, no es el camino correcto para la regeneración de la vida política nacional. No esa la ruta que indica la insatisfacción ciudadana con los partidos. ¡Cuidado! El tiranosaurio rex anda suelto. El terremoto también derribó su jaula.
Analista político.
@L_FBravoMena