El documento que contiene el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, dado a conocer por quienes en unos días más van a asumir la responsabilidad de garantizarlas, en su primer párrafo de presentación hace una declaración elemental y contundente:
“La Seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia de poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos… Cuando las instituciones son incapaces (…) entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.
Estos conceptos básicos de una sana teoría del Estado, son imprescindibles si se quiere fundar una política pública de seguridad consistente y perdurable. Es bueno recordar esos fines y sobre ellos juzgar si los medios escogidos para lograrlos son los adecuados y pertinentes.
El texto en comento no lo dice, pero alude a que la legitimidad de un gobierno es de dos tipos: la de origen y de ejercicio. La primera se adquiere, en el sistema democrático moderno, mediante el voto popular bajo el procedimiento de elecciones libres; la segunda se conquista por las acciones de los responsables del poder público, de suerte que, como suele ocurrir a menudo, un gobierno legítimo de origen se deslegitima por un perverso o deficiente desempeño.
En estos días estamos presenciando varios de esos casos: Venezuela y Nicaragua son ejemplos relevantes de la pérdida de legitimidad de sus gobiernos y, para no ir más lejos, aquí en México el sexenio que termina ha recorrido el mismo camino. Su debacle es patética, el abandono de sus responsabilidades escandalosa, la cauda de corrupción y latrocinios que deja —con los saqueadores amnistiados anticipadamente por sus complacientes sucesores— será un capítulo vergonzoso de la historia nacional.
Regreso al tema; el Plan de Paz y Seguridad ha sido muy comentado en lo que se refiere a varias propuestas polémicas e inquietantes. Dos aspectos han alarmado especialmente a los analistas: el primero, la tendencia marcadamente centralista y concentradora de poder que se manifiesta en éste y en otros planes del próximo gobierno. El segundo, la creación de la Guardia Nacional, que consolidará la militarización de la política de seguridad; contradiciéndose con el discurso crítico sobre el que se construyó la victoria electoral.
La reforma constitucional que viene en camino para hacer posible la estrategia del nuevo grupo en el poder es definitivamente agresiva contra los postulados del federalismo y del municipio libre. Para decirlo en pocas palabras, no cree en ellos. A su favor cuenta con el argumento de la evidencia; la ruina en la que se encuentran la mayoría de los sistemas estatales y municipales y la indolencia, cuando no complicidad, de muchas autoridades locales con la delincuencia, impele a pensar, erróneamente, en soluciones centralizadoras en las que se hace tabla rasa de los esfuerzos que algunos municipios y estados sí están haciendo para rehacer y fortalecer sus cuerpos de seguridad.
Como en Guanajuato, donde el nuevo gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, presentó su estrategia sustentada en el municipalismo. Destaca su apuesta en la aplicación de los principios de la solidaridad y la subsidiariedad. “Lo que estamos proponiendo es un cambio de estrategia, es construir la seguridad pública de abajo hacia arriba; de lo local hacia lo estatal, le estamos apostando a fortalecer, como nunca antes, a nuestros municipios”.
Analista político. @L_FBravoMena