La tormenta perfecta sigue configurándose sobre el territorio nacional. Negros nubarrones de recesión económica están presentes y no ayuda a despejarlos la confusa gestión de los asuntos nacionales. Estrategias, planes y programas gubernamentales, cuando existen, se contraponen a los objetivos superiores que supuestamente animan al gobierno.
Se trataba, según se proclama a diario, de poner a los pobres primero; pero sucede todo lo contrario. Como botón de muestra, basta asomarse a lo que ocurre en los hospitales y clínicas del sistema de salud pública del país. Ya estaban mal, ahora están peor y al parecer aún no tocan fondo.
No son pocas las voces que alertan sobre el riesgo de que se presente en los próximos días un desabasto catastrófico de medicinas. Roberto Rock, en estas páginas, lo advierte sin contemplaciones: si fracasa la nueva política de compras, “se agudizará el desabasto (…) y se romperá el frágil equilibrio que ha impedido brotes epidémicos, altas tasas de mortalidad…El peor escenario sería que haya un desastre sanitario…” (18/06).
Por el estilo anda todo lo demás. Las mañaneras y toda la parafernalia de la llamada Cuarta T divierten a sus seguidores, alborota al gallinero mediático y a las redes, pero no resuelven nada; es más, agravan la situación.
Al madrugador gabinete los ponen a parir chayotes cada amanecer. Frente a la esterilidad de sus esfuerzos, comienzan a repartir culpas entre ellos por los continuos desaguisados. Ya trasminan los muros palaciegos desencuentros e inquinas, con fuerte olor a disputas futuristas por tomar la estafeta del padre fundador.
A pesar de lo anterior, no comparto la opinión de quienes aseguran que este régimen no tiene rumbo. Lo tiene y es absolutamente consecuente con sus objetivos políticos. Se dirige, con determinación digna de mejor causa, a la reconstrucción de un sistema de partido único en cuya cúspide el neotlatoani dispensará su gracia a un pueblo empobrecido y fanatizado.
Puede escucharse exagerado, sin embargo, todos los días tenemos hechos y datos que alimentan esta hipótesis. ¿Qué otra explicación podría darse al bárbaro y radical transvase de ingentes recursos públicos para programas que no ocultan su propósito de edificar las estructuras de un partido oficial invencible? En su ensayo “El Gran Benefactor” (Nexos, marzo, 2019), María Amparo Casar calculó en 23 millones los beneficiarios de los siete programas sociales estrella del nuevo gobierno. Agréguese a ese número a los familiares y círculos cercanos de los reclutados por los siervos de la nación.
Al parecer no basta edificar esa gran pirámide partidaria con los recursos del poder; se requiere, además, reducir a la irrelevancia al pluralismo político y enanizar a los órganos electorales responsables de salvaguardar la celebración de elecciones libres y genuinamente democráticas.
A lograr tales resultados se encamina la nueva reforma electoral. Un amasijo de iniciativas empaquetadas con el título Reforma del Estado y Electoral, encubiertas en sacrosanta austeridad republicana; la cual, de ser ese el verdadero propósito, podría demoler las instituciones que surgieron del largo, complejo y meritorio proceso de transición democrática; sin la cual, justo es decirlo, los que ahora gobiernan difícilmente habrían llegado al poder.
La cereza del pastel en esta maniobra es incluir el tema de la revocación del mandato, con la finalidad de que el Presidente sume su personal campaña electoral, que desarrolla desde hace varios decenios y continúa desde la presidencia, a la de su partido en el 2021. Así se pondrá en marcha una portentosa aplanadora dictatorial que pasará por encima de todo y contra todos.
De ser así, México ingresará a la lista de los países que fueron protagonistas del periodo histórico que Samuel Huntington identificó como la tercera ola democrática, pero de la que también alertó sobre su resaca.
Analista político. @LF_BravoMena