Aunque es difícil cuantificar los costos de la corrupción, diversos estudios han analizado la dimensión del problema desde una perspectiva económica, política y social.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PIB, es decir, que de cada 100 pesos que genera la economía 9 se los roba alguien. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que un país corrupto tiene una inversión hasta 5% menor a su potencial.
Ernst & Young calcula que las empresas pierden 5% de sus ventas por esta práctica. La piratería afecta 480 mil empleos al año. Y la lista de los costos asociados a la corrupción podría continuar interminablemente. No hay duda de que es un lastre para la economía nacional, para las empresas, para las personas y para la sociedad en general. Todos perdemos mucho con este mal que se ha vuelto tan común en la vida diaria de los mexicanos.
La corrupción afecta en mayor medida a la economía familiar de las poblaciones menos favorecidas, pues deben de destinar una proporción más alta de sus ingresos a este rubro, acentuando la desigualdad en México. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los hogares que perciben un salario mínimo gastan 33% de sus ingresos en actos de corrupción, en contraste con el promedio nacional que es de 14%.
En años recientes las organizaciones de la sociedad civil y los centros de pensamiento han realizado un esfuerzo heroico por colocar a la corrupción en la agenda pública, a investigar y exhibir los casos de corrupción en el gobierno, y sobre todo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción.
Gracias a la difusión en medios de comunicación y redes sociales hoy sabemos que los funcionarios de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos públicos han estado involucrados en casos de uso y abuso del poder para beneficio propio.
Pero la corrupción no es exclusiva del ámbito gubernamental, sino también en el sector privado y en los ciudadanos.
Según la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG, 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. Por otra parte el Inegi reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades con las que tienen que lidiar de manera cotidiana.
Estas cifras revelan que la corrupción es un cáncer sistémico que invade los ámbitos de la vida económica y burocrática de México. Demuestran la existencia de una profunda falta de ética, civismo y de integridad entre los mexicanos. Parece que es común creer que se puede violar la ley, pues difícilmente habrá consecuencias. La impunidad es casi absoluta.
Según el Índice Global de Impunidad 2015, México se encuentra dentro de los cinco países con niveles más altos de impunidad de un total de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del índice. El porcentaje aproximado de impunidad en México es alarmante, se calcula que es alrededor de 92.8%.
Asegurar el cumplimiento de la ley es sin lugar a dudas el desafío más importante que hoy tenemos en México. Lograr avances en este sentido requiere de cambios profundos en el sistema de procuración de justicia, de fortalecer las instituciones, y sobre todo, de promover una cultura de la legalidad en todos los ámbitos y cada uno de nosotros.
Los mexicanos debemos asumir este reto como propio, pues sólo así lograremos resultados en la materia. Una empresa que respeta y promueve la legalidad con reglas y normas organizacionales claras, tiene empleados que se sienten más seguros de su situación laboral, más orgullosos y más comprometidos. Asimismo, en el sector público, construir y mantener una cultura de respeto a la norma y a los usuarios de servicios en el desempeño de sus funciones, para reforzar el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, traduciendo el esfuerzo en mejores prácticas, genera una mayor confianza de la población en las instituciones.
Una reflexión en este sentido será muy oportuna y obligada para los actores de la sociedad, algunos de ellos de reconocido prestigio y calidad moral, como Juan Ramón de la Fuente y Federico Reyes Heroles, disertarán al respecto en el Foro de Ética y Cultura Cívica organizado por la Universidad del Valle de México y el Aspen Institute México, el próximo 29 de agosto en la Ciudad de México.
La cruzada contra la corrupción exige el compromiso de todos los ciudadanos mexicanos de actuar con integridad y ética. Este cambio no puede esperar más, pues el costo de no actuar será cada vez más alto. Sólo con la participación decidida de la sociedad lograremos vencer este obstáculo al desarrollo, a la productividad, a la competitividad del país y al bienestar de las personas y sus familias.
Presidente y Director General de Laureate
y de la Universidad del Valle de México
