Para el presidente electo ha sido muy frustrante escuchar que no todos los proyectos, ni en la magnitud que quiere hacerlos, son posibles con los recursos con que cuenta el gobierno federal. La moderación mostrada en la campaña y en los días siguientes a la elección e implementada hábilmente por Alfonso Romo le permitió no sólo ganar sino también provocar una apreciación del peso. El principio del fin de la moderación parece coincidir con la declaración de AMLO de que el país estaba en bancarrota; traducción: no alcanza el presupuesto y hay que escoger entre numerosos proyectos, todos prioritarios y muchos prometidos durante años.
Para crecer a una tasa de 4% de manera sostenida, México debe invertir montos cercanos a 25% del Producto Interno Bruto anual y de manera continua. Es imposible que toda esta inversión la pueda o deba hacer el gobierno. Un objetivo ambicioso, pero alcanzable, es que el gobierno invierta cinco (hoy tres) y el resto el sector privado. Para lograrlo se requiere contar con un ambiente propicio a la atracción de estos altos montos de inversión.
Cuando no se depende sólo del presupuesto público los recursos para financiar proyectos no son una restricción. En los mercados de capitales, nacionales y globales, hay mayor disponibilidad de recursos de lo que México necesitaría para toda esta infraestructura. Lo que frena proyectos no es la falta de financiamiento, sino la insuficiencia de proyectos ejecutivos y los obstáculos, la mayoría relacionados a la extorsión, que enfrenta su implementación. La incertidumbre inyectada las últimas semanas se convierte también en un freno adicional.
Si el gobierno entrante realmente quiere implementar proyectos para atender las muy legítimas demandas que expresan las esperanzas de los votantes que eligieron a López Obrador, deberá enviar una señal, más temprano que tarde, de que acepta la proporción de 20/5 entre inversión privada y pública para impulsar la economía. No pocos asesores y futuros funcionarios cercanos a Andrés Manuel, incluidos ex panistas y hasta miembros de su equipo económico, creen que la participación del capital privado en estos proyectos de infraestructura es, de suyo, corruptora, independientemente de si hubo o no corrupción en la extensión de concesiones o contratos. Además piensan que se tiene que escoger entre inversión de Pemex o compañías privadas, entre IMSS o ISSSTE u hospitales bajo asociaciones público-privadas sin fondos públicos para la inversión. Parecen no concebir que la mejor opción no reside en escoger uno u otro, sino uno y otro para maximizar las posibilidades de inversión.
Después de la decisión de Santa Lucía, ¿qué señales podría enviar el nuevo gobierno para asegurar la participación público-privada y financiar el nivel de ambición que se requiere para cumplir con las promesas de campaña y asegurar el crecimiento sostenido de la economía? Por lo menos, dos. La primera, desatorar algunos de los proyectos más emblemáticos ahora detenidos por extorsión política local o movimientos que aprovechan el bloqueo con otros fines. No es difícil hacer una lista de plantas y el tendido de gasoductos estratégicos detenidos en varios estados por estos motivos y cuya construcción y pronta inauguración enviarían una poderosa señal de que México promueve este tipo de inversiones.
La segunda es la redefinición de los programas de gobierno y el regreso al espíritu del proyecto de nación del candidato López Obrador para allegarse de recursos y lograr la implementación de sus 25 prioridades. Se podrían considerar las siguientes ideas:
1. Auditar contratos y concesiones otorgados en los últimos años con el objetivo de localizar, penalizar y erradicar prácticas corruptas.
2. Presentar un sólido programa económico para 2019 que sea creíble, sostenible y sin baja de impuestos para la frontera norte. Esto implica la implementación de recortes y reasignación de gasto a favor de infraestructura y gasto social, al tiempo que se garantice su ejecución oportuna para evitar una desaceleración, así como que la pérdida de capital humano resulte en incapacidad de acción de gobierno.
3. Iniciar un proceso de revisión de la alta dependencia federal de las finanzas públicas de estados y municipios para transformar su capacidad recaudatoria en términos del impuesto predial. La ausencia de recaudación propia limita la rendición de cuentas y fomenta la desviación de recursos públicos. La única forma de reducir el Ramo 23 de manera sostenible sin caer en el no pago de obligaciones estatales y municipales es la sustitución con recaudación local. El impuesto predial es el mejor candidato para conseguir ingresos adicionales: progresivo y proporcional a la riqueza del contribuyente; fácil de estimar y difícil de evadir; recaudación potencial es significativa, podría representar hasta tres puntos del PIB. La viabilidad municipal, y un sistema de seguridad que sea complementado, pero no sustituido, por fuerzas federales sólo será posible con recaudación local sostenible.
4. Asegurar el éxito de la ronda para exploración y explotación de hidrocarburos en la agenda para febrero 2019. Esto implica que el proceso para la selección de ganadores, organizado por una sólida Comisión Nacional de Hidrocarburos, profesional e independiente, sea impecable, que el diseño de los contratos sea competitivo y que se logre atraer el interés de un número relevante de consorcios interesados. El éxito de estas rondas es muy importante por las señales para inversiones en el resto de la economía, para recuperar el volumen de producción de petróleo, para la generación futura de ingresos para el Estado y para el desarrollo de los estados de sur, todo ello prioridad del nuevo gobierno. La participación de estos consorcios en nada merma la inyección de recursos para Pemex.
5. Redefinir el Tren Maya en fases y dedicar la primera sólo para la modernización de la línea Chiapas-Mayab (de Tapachula a Salina Cruz, Coatzacoalcos y Progreso) y especializarla en transporte de carga, pero complementada con servicios regulares marítimos de Coatzacoalcos a Mobile, Alabama y de Progreso a San Petersburgo, Florida para abrir una frontera con la costa este de Estados Unidos y colocar a sus mercados al alcance de los estados del sur de México.
6. Premiar el listado de empresas en las bolsas de valores de proveedoras de Pemex, IMSS e ISSSTE y otras entidades de gobierno, facilitando su participación en licitaciones, con el objetivo de que puedan allegarse de capitales de largo plazo y fomentar su transparencia y buen gobierno corporativo. Podría incluso limitarse la participación en APPs a empresas listadas y transparentes.
7. Conformar el consejo asesor del presidente con empresarios cuyos negocios no dependan del gobierno.
Si no se actúa, la incertidumbre a la que ha sido sometida la economía mexicana en las últimas tres semanas tendrá un impacto negativo duradero no sólo por la percepción de riesgo que inyecta, sino por el difícil contexto internacional que se avecina y donde se espera una mayor aversión con respecto a mercados emergentes. La recuperación de la confianza de inversionistas, sobre todo los de largo plazo, requiere de un esfuerzo dedicado para transmitir un sentido de dirección pero también su confirmación en los hechos. La paradoja es que el enfrentamiento con los mercados de capital puede tapiar la fuente más amplia de recursos para financiar la economía incluyente que el nuevo gobierno espera construir.