Más Información
El caso venezolano ha desbordado los límites del horror y del dolor, el horror de los crímenes de atrocidad del régimen, de la comisión de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, la tortura y el asesinato como metodología política represiva permanente sobre la población para someterla o amedrentarla o forzarla al exilio; el dolor del hambre, de la basura, de la falta de medicamentos y tratamientos que ha condenado a la muerte a miles.
La ayuda humanitaria es hoy más necesaria en Venezuela que en ningún país en el mundo, haría la diferencia entre la vida y la muerte de tantos enfermos crónicos. Poner ayuda humanitaria a disposición de los venezolanos era un mensaje de paz y de vida. El gobierno ilegítimo de Maduro eligió la muerte y la violencia. Nuevamente. Completamente coherente con sus crímenes hasta el final.
El 23 de febrero podríamos haber estado una vez más ante una comunidad internacional indiferente, la comunidad internacional de los informes, de las reuniones interminables y de las declaraciones irrelevantes con palabras lindas que nunca se traducen en realidad y que nunca cambian la vida del sufrimiento humano. Pero no, la crisis venezolana nos convocó para atender el pedido del presidente encargado Juan Guaidó para aliviar en algo lo que padece su pueblo. Era una ventana que se abría a la vida luego que su predecesor, Nicolás Maduro, se negó a recibir la ayuda humanitaria durante los últimos tres años, así como se negó en todo este tiempo a admitir la existencia de la crisis humanitaria, no le importó en este tiempo cuántas muertes de recién nacidos eso costaba, cuántos pacientes renales asesinaba, cuántos diabéticos creaba, cuánta desnutrición infantil causaba. Era más importante para él no admitir su incapacidad, la destrucción de su aparato productivo, seguir regalando barriles de petróleo que se lleva Cuba a cambio de la presencia de fuerzas represivas.
El 87% de la población venezolana vive en la pobreza. Medida desde 2016, la contracción económica es de 63%. Si se la mide desde 2014, la caída del producto sería similar o mayor a 75% que cayó Siria, país en una devastadora guerra civil desde 2010. El colapso es anterior a cualquier sanción. Las sanciones a los mecanismos de lavado de dinero del crimen organizado gubernamental venezolano son posteriores en el tiempo a los millones de desplazados. Aplicar una sanción congelando cientos de millones de dólares a Tareck el Aissami es una sanción a los criminales. La sanción que afectó al pueblo venezolano son los cientos de millones que les sacó Tareck, los miles de millones de la corrupción de PDVSA, los miles de millones de Andrade, la peor sanción son los miles y miles de barriles de petróleo que se llevó y se lleva la revolución jinetera cubana. Esas son las sanciones que golpearon a la gente, que la empobrecieron, las sanciones que están pagando los venezolanos con sufrimiento y dolor, esas son las sanciones que debe condenar la comunidad internacional, esas son las sanciones contra el pueblo venezolano, las sanciones que lo han condenado al hambre y a la falta de medicinas.
No hay experiencia en la historia de una crisis similar, en tiempos de paz y sin desastres naturales importantes.
Maduro niega la crisis y rechaza la ayuda porque, bajo su régimen, la pobreza, el hambre y la enfermedad son política de Estado. Ello se vio en el puente este 23 de febrero: la agresión de grupos paramilitares, los llamados “colectivos”, y la tropa de asalto FAES, formada principalmente por presidiarios a quienes viste con uniforme, usando toda su alta gama de métodos represivos contra civiles desarmados.
Las venezolanas y venezolanos que debían entrar la ayuda humanitaria no pudieron hacerlo. Chocaron como tantas veces contra el muro de la represión, el muro de cascos y escudos, de perdigones y gases, el muro de balas y fuego que consumió la ayuda que pretendía ingresar. La inocencia del intento de los venezolanos de reingresar a su país con ayuda humanitaria conmovía a quienes estábamos observando.
El pueblo Pemón sufrió eso y más, sufrió una acción de persecución sistemática integral contra su existencia. 500 años después aún se sigue asesinando a indígenas con este tipo de campañas.
Y, por el otro lado, una dictadura acostumbrada a repetir sus idioteces, hablando de defender la soberanía cuando bloqueaba el ingreso de su propio pueblo, de los venezolanos, del verdadero soberano, cuando asesinaba pueblo, su propia gente.
Un dictadura usurpadora que se siente con costo político, asesina, tortura, quema ayuda humanitaria, asesina indígenas, mata a su pueblo de hambre, lo mata negándole medicinas y tratamientos y, en su lógica criminal no importa. Y menos si hay alcahuetes validando esta agenda de manera abyecta.
Nuestra respuesta no puede ser la impotencia. Ni la indiferencia. Ni la neutralidad.
Secretario General de la OEA
