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Con el arribo de las llamadas caravanas migrantes, ha cobrado atención la preocupación acerca de cómo gobernar o controlar el flujo de personas que ingresa a México. Se ha reconocido la existencia de “tres oleadas” de caravanas, a las que les correspondieron respuestas gubernamentales diferentes. La primera de ellas tuvo lugar en el momento menos oportuno, octubre de 2018, en plena transición presidencial. La actitud gubernamental pareció desprevenida ante el arribo de 7,000 personas hondureñas y se intentó el control en frontera, deteniendo el paso en el puente internacional de Ciudad Hidalgo. Tras el caos y ante la imposibilidad de su contención, se iniciaron trámites de solicitud de la condición de refugiado de manera bastante generalizada, aunque no todos continuaron con el procedimiento, sobre todo por los requisitos de permanencia en la entidad federativa que impone el trámite.
La segunda oleada sucedió a mediados de enero de 2019. A diferencia de la primera, el gobierno entrante decidió recibirla con los brazos abiertos, incluso ubicando “anfitriones” en el puente que le dieron la bienvenida a alrededor de 13,000 personas centroamericanas. La respuesta en este caso fue el otorgamiento expedito y masivo de visas humanitarias, lo que a decir de algunos funcionarios compitió con el tiempo que tarda el trámite de solicitud de refugiado, que solo inició un 15%.
Esta actitud parece haber funcionado como un “efecto llamada”, un daño colateral aparentemente no previsto. Su repercusión en la conformación de la tercera oleada no se vio venir. En contraste con las precedentes, no se formó antes del cruce de las fronteras nacionales sino en Tapachula a fines de marzo, con una composición más diversa de nacionalidades. Sumaron alrededor de 3,000 personas, más la llegada por goteo de pequeños grupos, un formato que hasta ahora parece no haber cesado. El detonante de su conformación fue la aglomeración y protesta de personas, tras el retraso de los trámites en las oficinas de la Estación Migratoria Siglo XXI. Querían la obtención del oficio de salida –factible de obtener al desistir de un trámite migratorio– estrategia utilizada, principalmente por la población cubana, para transitar por el territorio de manera regular por 20 días.
Esta situación desestabilizó el escenario y las respuestas gubernamentales fueron más bien dubitativas y en aparente contrasentido: en virtud de algunos disturbios, se cerró el área de trámites de la estación migratoria por casi dos meses; a un grupo de la caravana se lo direccionó y ubicó en el deportivo de Mapastepec y otro quedó fuera; allí se iniciaron trámites de regularización que demoraron semanas, varios se cansaron y siguieron camino; de manera simultánea incrementaron las detenciones y deportaciones. Tras la declaración de la Secretaria Sánchez Cordero acerca de que ya no se darían visas humanitarias de manera masiva, la estrategia en esta ocasión fue el otorgamiento de la tarjeta de visitante regional, para transitar o visitar hasta por siete días Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y a diferencia de la visa humanitaria, no permite trabajar. Originariamente prevista para personas de Guatemala y Belice, en abril se expandió su elegibilidad a Honduras y El Salvador.
El plan esbozado por la administración de López Obrador a mediano o largo plazo es el de apostar al desarrollo económico en el sur de México y favorecer la migración mediante la ampliación de la elegibilidad y los estados en los que permite trabajar la visa de trabajador fronterizo. Pero mientras tanto, se ha echado mano de otros dispositivos de regularización disponibles, en un aparente ensayo de prueba y error. Aunque las caravanas se explicaban como una estrategia de visibilidad en busca de mayor protección, solo se logró relativamente en la primera de ellas. De las demás, desconocemos el paradero de gran parte de sus miembros y sobretodo su situación de protección y regularidad jurídica. El próximo lunes 20 de mayo se presentará el Plan de Desarrollo Integral Sur de México-Centroamérica, elaborado por la CEPAL que, entre otras, contiene recomendaciones en materia de movilidad humana. La ocasión puede ser la oportunidad para evitar los manotazos de ahogado y encauzar una estrategia migratoria regional consensuada que garantice una migración segura, ordenada y regular.
Investigadora del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y coordinadora del
Seminario Universitario de Estudios
sobre Desplazamiento Interno, Migración,
Exilio y Repatriación, de la
UNAM. @lugandini
