El desaseo con el cual se ha llevado a cabo el proceso de renovación de los comisionados del órgano garante de transparencia de la Ciudad de México es apenas el principio de una larga batalla que ha exhibido a diputados y que ya se disputa en tribunales. Todo empezó en julio del año pasado. Apenas habían transcurrido cinco meses de la laureada aprobación de la Constitución de la Ciudad de México cuando se cumplió el plazo normativo para que la Asamblea Legislativa aprobara el paquete de leyes que daría vida al sistema anticorrupción de la ciudad.
Parecía lógico que los muchos avances en materia de transparencia y combate a la corrupción que ya están incorporados en la Carta Magna, como el derecho a la administración y el buen gobierno, fueran incorporados a las leyes pendientes. Sin embargo, esto no fue así. Al parecer, a los legisladores les incomodó tanta transparencia y desde la Comisión de Gobierno se promovió la aprobación, sin consulta ni debate, de un paquete de leyes con varias disposiciones contrarias a los avances de la Constitución (como la designación de un fiscal carnal y un secretario técnico a modo). De pasada, los legisladores aprovecharon y de un plumazo realizaron una reforma adicional a la ley de transparencia y rendición de cuentas de la Ciudad para renovar anticipadamente a los Comisionados de transparencia. Según esa ruta, en un periodo menor a un mes y medio se realizarían más de 160 designaciones (entre magistrados, fiscales, contralor, órganos internos de control y demás cargos del sistema anticorrupción). Sin embargo, los sismos de septiembre cambiaron los planes y las designaciones tuvieron que posponerse. Tras meses de silencio, el 22 de diciembre, la Asamblea Legislativa trató de dar un “madruguete” otorgando solamente cuatro horas para que se inscribieran los candidatos. Las críticas fueron inmediatas por lo que los diputados tuvieron que llevar el proceso hasta la primera quincena de enero. La presión de varias organizaciones y académicos obligó a que, tal y como lo ordena la ley de transparencia vigente, se publicaran los currículums de los candidatos, se transmitieran las audiencias y se realizaran preguntas. Sin embargo, los legisladores testaron de las hojas de vida datos fundamentales —como la fecha de nacimiento— lo cual permite constatar si se cumple o no con los requisitos de ley. Comparecieron 67 candidatos de los cuales 19 fueron mujeres. Aunque en el listado de candidatos hay gente con experiencia y liderazgo, muchos otros son cercanos a los partidos políticos o de plano inelegibles como Salvador Frausto, ex director Jurídico y de Gobierno de Coyoacán, Francisco Varela, que no cumple con la residencia, o René Muñoz Vásquez de la Fundación Colosio.
Así que, una vez concluido el proceso, desde la Comisión de gobierno, el triunvirato de la opacidad encabezado por Leonel Luna y Mauricio Toledo del PRD y Jorge Romero del PAN ordenaron ampliar el plazo de recepción de postulaciones para “favorecer la participación de mujeres”. Poco importó que dentro de las candidatas hubiera perfiles con probada trayectoria en la materia y con independencia política como Gabriela Morales y Maricarmen Nava. Tampoco les importó vulnerar la seguridad jurídica del proceso y la legitimidad del Infodf, lo cual ha motivado la existencia de al menos cuatro amparos. La designación del Comité de Participación Ciudadana parece ir por la misma ruta, los reducidos plazos para convocar al comité de selección muestran las intenciones para que el triunvirato de la opacidad, el mismo que en diciembre se otorgó la facultad de opinar sobre el destino de más de 7 mil millones del Fondo de Reconstrucción por la tragedia del sismo y 7 mil 28 millones de ampliaciones presupuestales a delegaciones, otorgue cargos, maneje recursos y construya un cinturón de impunidad en el cual no haya ni por asomo transparencia y fortaleza en las instituciones clave para la rendición de cuentas.
Coordinadora de la Red por la Rendición
de Cuentas, profesora asociada del CIDE