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A principios de este año, se dio a conocer la encuesta sobre confianza hacia las instituciones que desde hace trece años realiza anualmente Consulta Mitofsky. En ella se corroboró que las instituciones con más bajo nivel de confianza son los partidos políticos y el Congreso. Las cifras también mostraban la crisis de confianza de instituciones como las electorales que poco a poco han sido acotadas y vulneradas por los propios partidos políticos.
El caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es todavía más emblemático porque su función es brindar certeza a los procesos electorales. Como órgano especializado del Poder Judicial, el Tribunal debe mostrar que sus decisiones se hacen conforme a Derecho y no con criterios que dependen del partido o grupo político en discusión. A mes y medio de realizarse la elección más compleja de la historia reciente, existen al menos tres factores que siembran dudas fundadas sobre la neutralidad con la que actúa la instancia que dará la constancia de mayoría al próximo Presidente de la República.
El primero, es la forma en la que llegaron los magistrados a la Sala Superior. Nombrados sin mayor claridad sobre los criterios que predominaron sobre su supuesta idoneidad para el cargo, el Congreso aprobó en 2016 una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya única finalidad era ampliar el periodo de labores de cuatro de los siete magistrados. Bajo el lema #SinCuotasniCuates, organizaciones sociales, más de 20 mil ciudadanos y una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Morena y el PRD ante la Suprema Corte trataron de frenar el inexplicable “premio” a los magistrados.
El segundo, es la diferencia de criterios con las que las autoridades electorales han definido reglas y bases de la contienda. El TEPJF ha echado abajo acuerdos del INE cuya única función era coadyuvar a la equidad y la certeza. Esto sucedió con “cancha pareja” que pretendía normar la operación y difusión de los programas sociales durante los procesos electorales y fijaba criterios en propaganda gubernamental. También con la prohibición del reparto de monederos electrónicos que procuraba frenar la compra y coacción del voto y evitar la violación de derechos políticos de los más pobres. El Tribunal no lo vio así. Pero quizás la decisión más desaseada es la que otorgó el registro a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, subiéndolo a la boleta de un plumazo aún a pesar de las muchas trampas y el incumplimiento de la ley.
Esto nos lleva al tercer factor: encerrados en su torre de marfil y escudados en la definitividad e inacatabilidad de sus decisiones, los magistrados poco hacen para dar la cara a la ciudadanía. En febrero de este año, el TEPJF firmó un convenio con el órgano nacional de transparencia para impulsar acciones de “justicia abierta”. Ésta requiere no solo cumplir con las obligaciones de transparencia sino utilizar un lenguaje llano y emprender acciones que acerquen la impartición de la justicia electoral a la sociedad. En este contexto es de celebrarse el proyecto de observación electoral que desarrolla la organización Borde Político. Con una reconocida trayectoria en el campo de la observación electoral, esta organización recibió en 2015 el premio nacional de transparencia por su plataforma de “Justicia Abierta”. Borde Político se dará a la tarea de analizar a fondo 120 sentencias del TEPJF (80 correspondientes a la elección presidencial) y tratará de traducir el críptico lenguaje de los magistrados a la ciudadanía en general. También, revisará la calidad de la información, verificará la transparencia con la que se conduce y revisará el manejo de las redes sociales de la instancia electoral. Sin duda, es una oportunidad para acercar la justicia a los ciudadanos. También lo es para que el Tribunal recupere un poco de su credibilidad perdida y demuestre en los hechos que no quiere mandar al diablo a los ciudadanos.
Coordinadora de la Red
por la Rendición de Cuentas.
Profesora asociada del CIDE
