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La próxima semana, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán en sus manos la posibilidad de declarar inconstitucional el que las trabajadoras del hogar no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social. El proyecto propuesto por el ministro Alberto Pérez Dayán es de enorme relevancia porque podría poner fin a la negación de un derecho fundamental como lo es el acceso a la salud. De este derecho han estado prácticamente excluidas una de cada diez mujeres en México.
Antes de la votación, a los ministros los podría inspirar la extraordinaria etnografía Yo trabajo en casa. Trabajo del hogar de planta, género y etnicidad en Monterrey realizado por la antropóloga Séverine Durin. Este trabajo recupera las voces de empleadoras, agencias de colocación y trabajadoras del hogar, arrojándonos la imagen de un México racista, excluyente y desigual en el que todavía prevalecen —a la vista de todos y con el aval de instituciones— formas modernas de esclavitud.
El estudio realizado en el segundo municipio con mayor índice de desarrollo humano del país, documenta que el trabajo en el hogar y en particular el que se realiza bajo la modalidad “planta” es decir, que se trabaja y vive en casa de los “patrones”, constituye el eslabón más servil de un vasto sector ocupacional. Esta labor es desempeñada principalmente por mujeres, en su mayoría migrantes e indígenas, que cuentan con bajos niveles de escolaridad. Aunque para algunas este trabajo es temporal, para muchas, sobretodo para las que son proveedoras, significa empeñar su libertad, asumir que se debe estar disponible a toda hora y encima aceptar un régimen de infantilización.
Las agencias de colocación y organizaciones como el Opus Dei en Monterrey han ayudado a que las trabajadoras del hogar encuentren empleo, sin embargo, también han contribuido a reproducir el esquema de subordinación a la que estas trabajadoras han sido sometidas. No han sido los únicos. Basta con ver el reglamento de una agencia de colocación, reproducida en el estudio de Durin, en el cual se exige: ser responsable, tener iniciativa propia, presentar documentos, etcétera. Pero también se solicitan cuestiones francamente violatorias de derechos humanos como, y cito: “no hablar dialectos que no se hablen en tu trabajo”, “no hablar de brujería”, “no uñas pintadas de negro”, “no mal carácter”, “no tutees a tus patrones”, “no enchueques la boca cuando se te asigna una función”, “no hablar de tu vida privada” y por si fuera poco, se especifica: “el cliente, mientras la empleada doméstica esté prestando su servicio, tiene toda la autoridad de revisarle sus pertenencias (es decir revisarle su bolsa cada ocho días) al igual si es de salida diaria”.
El proyecto del ministro Pérez Dayán es la oportunidad para generar la deliberación sobre las ausencias que han permitido esta desigualdad estructural. Ausencias como la del movimiento indígena que no ha incorporado esta bandera dentro de la reivindicación de derechos, ausencias como la del gobierno mexicano que no se ha sumado a los 12 países de la región latinoamericana que ya ratificaron el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las y los trabajadores del hogar y ausencias como las de una sociedad permisiva frente al abuso y que ha dejado solos a los colectivos que sí han luchado por esta causa. Como bien lo señala Durin, todo trabajo dignifica siempre y cuando existan las condiciones y la autonomía para realizarlo.
Coordinadora de la Red
por la Rendición de Cuentas
