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El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el próximo gobierno no se va a “empantanar” persiguiendo corruptos. Esta afirmación interpretada por algunos como decepcionante y por otros como indignante tiene un fondo de razón. En un país con fuertes desigualdades y con instituciones rara vez autónomas, el discurso del combate a la corrupción es en sí una poderosa arma política. La idea de cazar corruptos no sólo es eficiente para mover votos sino que también agita intereses y cimbra las fibras más sensibles de una ciudadanía vulnerada por la impunidad. Sin embargo, el juego del ajuste de cuentas y el descuartizamiento del condenado en la plaza pública es —como bien lo recuerda Michel Foucault— es la puesta en escena de un acto de poder que juega con el apetito de justicia por parte de los desposeídos. Esta película ya la hemos visto antes sólo que la hemos olvidado: cuando ex gobernadores han sido perseguidos o encarcelados o cuando lideresas sindicales son enviadas al ostracismo mediante un proceso judicial plagado de irregularidades durante seis años no se ha acabado con la corrupción.
Lo que sabemos hasta ahora del combate a la corrupción es que es un problema complejo, que no es políticamente neutro puesto que requiere una dirección y que inexorablemente los resultados tardan en aparecer. Pero aun así, la multiplicidad de diagnósticos, experiencias, datos y casos brindan información suficiente para saber por dónde empezar, si acaso se quiere empezar. Al tomar jurídicamente las riendas del poder, Andrés Manuel López Obrador no contará con una política nacional anticorrupción aprobada. En vez de caer en la fácil provocación de la venganza por parte de quienes anhelan su fracaso, tendrá la oportunidad histórica de atacar la corrupción desde sus raíces. Para ello, podrá promover la existencia de un sector público austero, pero digno y profesionalizado. Habrá de poner en marcha mecanismos de supervisión y transparencia que eviten la existencia de intermediarios y de coyotes en el acceso a los servicios públicos. Será capaz de iniciar una cruzada para que la justicia sea imparcial y accesible para todos los mexicanos y contará con la posibilidad de generar información e inteligencia para el desmantelamiento de redes de corrupción. Mal haría el Presidente en emprender esta cruzada solo y en desechar, sin más, los casos pendientes: en ellos existen las huellas y los mecanismos para la detección de acciones y omisiones, el desmantelamiento y sobretodo el blindaje sobre transas futuras. Y seguramente en esta labor tendrá muchos aliados.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
